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Empresarios K pasaron por Uruguay US$ 30 millones

Empresarios K pasaron por Uruguay US$ 30 millones

La Justicia envió a Argentina un informe bancario con las operaciones

Entre enero de 2011 y marzo de 2013, empresarios (o testaferros) vinculados al gobierno argentino pasaron por Uruguay al menos US$ 30,5 millones. Esta cifra surge de un informe bancario en poder de la Justicia argentina, publicado este fin de semana por el diario Perfil, y de la investigación que realizó El Observador de la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio. La primera transacción es investigada por la Justicia argentina, mientras que la segunda, por la Justicia uruguaya. Las dos investigaciones conducen a Lázaro Báez, el empresario kircherista investigado por lavado de dinero en ambas márgenes del Río de la Plata, y a su contador, Daniel Pérez Gadín.

La historia sobre la compraventa del campo El Entrevero, en José Ignacio, por US$ 14 millones, ya era conocida. Tras una investigación que tardó un mes y con documentos oficiales, El Observador informó el año pasado que Traline, una sociedad anónima uruguaya presidida por Pérez Gadín, compró el campo el 1º de agosto de 2011. Además de ser el contador de Báez, Pérez Gadín administra desde 2004 el hotel Alto Calafate, que Néstor Kirchner compró en 2008.

Lo nuevo, lo que se conoció este fin de semana, es que, entre marzo de 2012 y marzo de 2013, pasaron por bancos uruguayos US$ 16,5 millones hacia Helvetic, una sociedad anónima que integra el entramado de las empresas vinculadas a Báez.

El diario argentino Perfil informó el domingo que “un informe bancario llegado desde Uruguay se convirtió en un elemento clave para completar la ruta del dinero en la causa donde se investiga
al empresario kirchnerista Lázaro Báez en una supuesta maniobra
de lavado”.

Los informes bancarios que se integran a los expedientes judiciales en casos de lavado de dinero son realizados por la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central. Un informe de esa unidad, que llegó a manos del juez argentino Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuan, reveló que “entre marzo de 2012 y marzo de 2013, la empresa Decavial Uruguay S.A. giró US$ 16,5 millones a Jaguar Capital LLC. Luego esta última envió ese dinero a una cuenta de Helvetic en el Principado de Liechtenstein, en Europa central. ¿Qué explicación dio Decavial S.A. para justificar un giro de esa magnitud a Jaguar? Dijo a las autoridades uruguayas que le había comprado en cuotas un terreno en Punta del Este a Jaguar Capital LLC, la sociedad ligada a Helvetic”.

El Principado de Liechtenstein, el destino del dinero, es un paraíso fiscal. El titular de Helvetic, la sociedad hacia donde fue el dinero, es Néstor Marcelo Ramos, otro empresario vinculado a Báez. A su vez, Helvetic es dueña de SGI, la financiera conocida como “la Rosadita” y administrada por Pérez Gadín, tal como declaró Federico Elaskar, su confeso antecesor, ante el periodista Jorge Lanata.

Pérez Gadín es, además, el dueño del campo El Entrevero.

La Justicia uruguaya no ha logrado determinar si existió la compraventa del “terreno en Punta del Este”, como declararon quienes realizaron el giro de US$ 16,5 millones a través de bancos uruguayos. Es que, si la Justicia argentina no coopera con la uruguaya, si no responde los exhortos que envían los jueces uruguayos, como ha sucedido hasta ahora, investigar esta transacción sería perder tiempo, puesto que sin delito precedente (que, si existió, se habría cometido en Argentina) no hay lavado de dinero.

De la compraventa de El Entrevero participaron dos sociedades anónimas uruguayas (Jumey y Traline), cuatro testaferros (todos vinculados a Báez) y seis bancos. A pesar de que estos indicios debieron generar sospechas de lavado de dinero en el escribano Adolfo Pittaluga Shaw y en el agente inmobiliario Alejadro Perazzo, que participaron del negocio. Ninguno denunció la maniobra ante la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (ver Apunte).

La Justicia especializada en Crimen Organizado interrogó en junio del año pasado al escribano y al agente inmobiliario, investigó el caso y reunió información “muy valiosa”, pero quedó “atada de manos”, tal como reveló uno de los investigadores a El Observador. Es que Uruguay necesita de la cooperación de Argentina para avanzar en el caso, necesita saber si existe un delito precedente al lavado de dinero para confirmar si existió delito. La respuesta desde el vecino país tarda y no llega.

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