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El juez Ercolini tomó esa medida con el ex presidente Exquiel Espinosa por haber contrato a una empresa integrada por un directivo de la firma estatal estatal.
El juez federal Julián Ercolini procesó al ex presidente de ENARSA Exequiel Espinosa y otros ex funcionarios y directivos de la empresa estatal de energía creada por el ex presidente Néstor Kirchner y que estuvo bajo control del ex ministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido.
Los procesó sospechados por los delitos de administración fraudulenta agravada contra el Estado nacional por haberse cometido en perjuicio de una administración pública y de negociaciones incompatibles con la función pública previsto en el artículo 265 del Código Penal.
Así mismo se informó que el juez embargó los bienes de los procesados con cifras de hasta un 1 millón de pesos en cada caso.
ENARSA es uno de los símbolos de la corrupción durante los días del kirchnerismo y también estuvo involucrada en la compra de gas natural líquido y gas oil.
En esta causa la maniobra se dio por contratar sin proceso legal de licitación a una empresa que era propiedad de uno de sus directivos. El contrato se hizo por 2 millones de pesos. Los procesados por Ercolini fueron, además de Espinosa, Claudio Miguel Fernández, Raúl Alberto Argañaraz, Ernesto Gabriel Mazzola, Juan Carlos Teso, Marcela Alejandra Tagle, Rodrigo Maximiliano Palacios, Paula Gabriela Merlo y Juan Fernando Giovachini.
La causa se inició por una denuncia de la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, en noviembre del año 2012 en la cual sostuvo que la encargada del área de Logística y Comercialización de Combustibles de ENARSA, ingeniera Marcela Tagle, hizo contratar a la empresa P&D Control Group SRL, a pesar de que era propiedad de uno de sus compañeros, Claudio Miguel Fernández, y de su esposa Paula Gabriela Merlo. La contratación directa fue para trabajos de inspección en las plantas de combustibles Campana y de Dock Sud. Además, Tagle y otros cobraron honorarios por esas inspecciones que, incluso, se duda sí se hicieron.
En su resolución judicial, el juez Ercolini indicó que pese a que Fernández habría “dejado de pertenecer a ENARSA por el riesgo de contratarse a sí mismo, la empresa P&D Control Group S.R.L. habría continuado siendo beneficiada con condiciones se excedieron en razón de que, eludiéndose el proceso competitivo correspondiente y sin documentación que lo justificara”.
“Se emitieron solicitudes y órdenes de compra a favor de la adjudicataria con posterioridad a la emisión de la orden de compra referida y se amplió el objeto del supuesto concurso de precios para la prestación de servicios en otra planta -Destilería Argentina de Petróleo S.A. (DAPSA)”, afirmó el juez en su dictámen.
También se hicieron los pagos respectivos a P&D Control Group sin que se acreditara “la efectiva prestación de los servicios por parte de la firma adjudicataria”.
