Julián Domínguez: «Esta decisión judicial desprecia la soberanía popular que representa el Congreso”

En esta línea, Domínguez destacó que la «ley número 27.063 Anexo I, claramente expresa y ordena designar fiscales para que pueda operar el código procesal penal, es deber y derecho de la Procuración General de la Nación hacerlo y no todo lo contrario”. “Lo que sucede con algunas resoluciones judiciales es de gravedad institucional y los representantes del pueblo no podemos ni queremos quedarnos con los brazos cruzados, ni como meros espectadores frente al desvío de estos actos jurisdiccionales”, agregó Domínguez. El titular de la Cámara baja nacional, además, señaló que “se está cuestionando el nombramiento de fiscales subrogantes en fueros sobrepasados de trabajo. Fiscales que accedieron a sus cargos en cumplimiento de todos los requisitos constitucionales. Eso sí, cuando esas subrogancias son cubiertas por los mismos miembros de la Asociación de Magistrados, nadie las cuestiona”, agregó. A su vez, la diputada nacional Diana Conti manifestó que «el Congreso Nacional, dentro de sus facultades constitucionales específicas (artículos 75 incisos 20 y 32 y el artículo 120, Constitución Nacional) ha creado por ley 27.063 nuevos cargos dentro del Ministerio Público de la Nación». «Su creación fue de absoluta necesidad y razonabilidad no solo para la cercana aplicación de un nuevo procedimiento penal, sino para la mejor eficacia de la actuación de los fiscales y la defensa publica en la actualidad. Así se fundamento en el debate legislativo», señaló Conti. En este sentido, agregó que «paralelamente, una campaña mediática inusitada por parte de jueces y fiscales y políticos oportunistas, confunde a la población con conjeturas absolutamente mentirosas y se pretende atacar a la doctora (Alejandra) Gils Carbó pero, en realidad, es el Congreso Nacional el que está siendo avasallado por esa campaña y por el Judicial».