Nueva infraestructura penitenciaria en Santa Cruz

El Gobierno nacional brindará asistencia técnica a la provincia de Santa Cruz para desarrollar un plan de políticas e infraestructura penitenciaria. Lo hará a partir de un convenio celebrado en la ciudad de Río Gallegos entre el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak; su par de la cartera de Gobierno provincial, Gustavo Martínez, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del distrito patagónico, Clara Salazar. En una primera instancia, el acuerdo prevé la “proyección y ejecución” de establecimientos penales en las ciudades santacruceñas de Pico Truncado, Caleta Olivia y Río Gallegos. En virtud del “interés en continuar llevando adelante, en forma conjunta, acciones gubernamentales de cooperación para el desarrollo de políticas penitenciarias respetuosas de la Constitución Nacional y los pactos y tratados Internacionales de Derechos Humanos”, el Estado nacional se comprometió a “brindar la asistencia técnica necesaria para contribuir al desarrollo normativo y operativo del sistema penitenciario de la provincia de Santa Cruz”, establece el convenio. Uno de los objetivo centrales del entendimiento es la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios “diseñados conforme a los parámetros que determinan las normas internacionales y la legislación nacional, con una ubicación que permita la conservación de los lazos familiares y sociales de los privados de libertad, infraestructura moderna que aporte seguridad para los internos, el personal y la comunidad, y espacio para la realización de actividades de capacitación y formación, todos ellos, aspectos esenciales para la reinserción en la comunidad de las personas allí alojadas”. Tras la rúbrica del documento, el ministro Alak destacó que el acuerdo “se inscribe en una política sistemática de asistencia que brinda el Estado nacional a las provincias para el desarrollo de sistemas penitenciarios locales ajustados a un nuevo paradigma, que apunta a la generación de establecimientos aptos para el desarrollo de los dos instrumentos fundamentales para la reinserción de las personas privadas de libertad: la educación y el trabajo”. Y subrayó: “Esas herramientas, además de la reconstrucción de los lazos afectivos perdidos, son las que les permiten a los internos construir un nuevo proyecto de vida para desarrollar cuando recuperan la libertad”. De la firma del convenio, que tuvo lugar en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, participaron, además de Alak, Salazar y Martínez, los vocales y las vocales de ese cuerpo Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña Campos, y la titular de la Casa de Santa Cruz en la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Alsua.