Piden investigar un posible nexo entre Cristóbal López y el juez que lo liberó

Piden investigar un posible nexo entre Cristóbal López y el juez que lo liberó

Elisa Carrió, amplió su denuncia en el Consejo de la Magistratura contra los dos jueces que ordenaron la liberación y aliviaron la situación judicial de Cristóbal López. En la presentación que hizo este martes ante el secretario de la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo, la diputada advirtió sobre un presunto nexo entre Eduardo Farah, uno de los camaristas apuntados, y el llamado Zar del Juego. El nuevo documento, al que accedió Clarín, responde al reclamo de mayores precisiones que le hicieron a Carrió por su denuncia original. La diputada fue la primera de hablar de presuntas coimas de López a los camaristas para que lo beneficiaran. Luego se sumaron otras voces del Gobierno en ese sentido. En privado, incluso, un funcionario calculó ante este diario: Si López tiene 500 o 1.000 millones de dólares. ¿Cuánto le pueden haber salido estos dos chichipíos? ¿Cinco palos cada uno?. En lunfardo, chichipío es tonto, bobo. Más académico, otros lo definen como persona que obedece sin replicar. Más allá de esta presunción, por ahora sin ninguna prueba a la vista, en su presentación Carrió hace primero un recuento de viejas denuncias contra Jorge Ballestero -el otro involucrado-, por su patrimonio, con sospechas de enriquecimiento ilícito. Como ya contó Clarín, la participación de Farah en la decisión generó muchísimas dudas. Como la sala que tenía que resolver el pedido de López cuenta con sólo dos integrantes (Ballestero y Leopoldo Bruglia), y estos no se ponían de acuerdo, se debió sumar a un tercero. Y por el mecanismo de la convocatoria se disparó la polémica: en lugar de hacer un sorteo entre los otros camaristas, Ballestero convocó a Farah con la justificación de que ya había participado en un caso vinculado al empresario. ¿Resultado de la maniobra? El fallo salió 2 a 1 a favor de López, pero fue tan jabonoso el procedimiento que la Corte Suprema se vio obligada a sacar una resolución para despegarse y le ordenó al Consejo de la Magistratura que averigüe si el procedimiento para que Farah fallara en el caso era el correcto. En el Máximo Tribunal hay mucha preocupación, y fuertes internas, por un desprestigio sobre toda la Justicia que también los salpica. En cuanto al caso López, ahora la lupa se pone sobre la Magistratura, para ver qué decide. Y ahí fue otra vez Carrió. Ahora también adjuntó documentación sobre anteriores pedidos de juicio político contra Ballestero. Y, acaso como dato más novedoso, pidió que se dispongan las medidas a fin de determinar si familiares de ex directivos del Casino Puerto Madero, cumplen funciones para el Juez Eduardo Farah y/u otro juez de la misma Sala I. Se refiere a una persona en particular, el abogado Jorge Mazzaglia, quien -replica Carrió de notas periodísticas- tendría llegada como pocos a los despachos de Comodoro Py, y ha sido tiempo atrás, presidente del Casino Flotante de Puerto Madero, propiedad de Cristóbal López. Por lo que debiera investigarse qué tipo de vinculación mantendría a la fecha con éste último y con los magistrados denunciados. Igualmente -sigue la diputada- debiera establecerse si el abogado nombrado tiene algún parentesco con Matías Jorge Mazzaglia, designado el 28 de noviembre de 2012 con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de Secretario de Juzgado para desempeñarse en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (Sala I), conforme Resolución N° 3390/2012 y el 27 de abril de 2016 para desempeñarse con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de Secretario de Cámara en la Sala II, Vocalía del Dr. Farah (Resolución 1018/2016); y/o con Marcelo J. Mazzaglia, quien conforme surge de la Resolución N° 3408/2015, resulta ser el jefe de despacho de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Según reconocieron en la familia, se trata de los hijos de Mazzaglia. Las resoluciones que adjunta Carrió están firmadas por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti