Protestas y una entrevista con Peña Nieto en el primer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes

Los actos por el aniversario, que en los hechos se suman a una cadena de protestas que nunca se detuvo, comenzarán formalmente este fin de semana, con marchas y manifestaciones de protesta en todo México, que culminarán el sábado con una gran concentración en el Zócalo de capital mexicana. En ese mismo lugar, entre jueves y vienes, los padres y familiares realizarán una huelga de hambre de 43 horas, en medio de la cual el 24 se movilizarán hasta la residencia presidencial de Los Pinos, donde serán recibidos por el presidente Enrique Peña Nieto. Esa protesta ya estaba programada cuando desde el gobierno de México se anunció que el mandatario finalmente accedería a entrevistarse con los familiares, dos días antes del primer aniversario del ataque de la policía de la ciudad guerrerense de Iguala a los estudiantes, cuando se dirigían en varios micros a una acto por la masacre de estudiantes del Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. En ese encuentro con Peña Nieto los familiares de “los 43” como se los conoce universalmente, pedirán la creación de varias fiscalías especializadas para investigar el episodio, que tras 12 meses sigue sin esclarecer, a pesar de la fuerte presión social e internacional que soporta el gobierno mexicano. Además de los pronunciamientos de toda la comunidad internacional, tanto a nivel de gobiernos como de organismos internacionales e instituciones de todos los países, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) produjo a principios de este mes un informe lapidario, donde denunció que la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía),incurrió en graves irregularidades en la investigación del caso, entre ellas la destrucción de evidencias y torturas a detenidos. La CIDH participará del encuentro entre Peña Nieto y los familiares. Allí los familiares de las víctimas buscarán un compromiso del mandatario, miembro de la más tradicional de las fuerzas mexicanas, el Partido de la Revolución Institucional (PRI), para crear estas fiscalías “que puedan conducir la investigación”, informó esta semana el abogado de los padres de las víctimas, Vidulfo Rosales. Una de las fiscalías que se reclaman estaría centrada en la investigación del hecho, sobre el que hay una historia oficial pero también otras versiones. Otra se centraría en la búsqueda de los jóvenes, dos de los cuales fueron indentificados a partir de restos óseos en estudios que no son aceptados por los familiares. Una tercera trabajaría sobre los probables responsables del secuestro y posible masacre. Y una cuarta indagaría “respecto de las responsabilidades” que pudieran caberle por la instrucción de la causa a funcionarios de la Procuraduría General de la República, precisó Rosales, en alusión a la denuncia de la CIDH. Además, la CIDH consideró “imposible” que los cuerpos de los jóvenes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, localidad vecina de Iguala, tal como aseguró la PGR en enero de este año, a partir de testimonios de supuestos autores materiales del ataque y evidencias halladas en el lugar. La versión oficial sobre los hechos ocurridos en la noche del 26 de septiembre de 2014, sostiene que los estudiantes fueron detenidos en Iguala por policías que respondían al entonces alcalde de ese municipio, José Luis Abarca, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), y entregados a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula. Pero los familiares rechazan esta versión. En las últimas semanas apareció un nuevo ingrediente en forma de especulación. Se aseguró, desde fuentes oficiales, que cuando los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa incautaron los micros para que los llevaran a México DF, un procedimiento bastante común en las protestas, capturaron sin saberlo uno que transportaba drogas, lo que explicaría la reacción del cartel.