Berni dijo en Santa Fe que las «fuerzas policiales no pueden extorsionar al poder político»

Más de mil gendarmes llegaron a la provincia gobernada por Antonio Bonfatti, quien se reunió con el secretario de Seguridad. Las protestas de agentes provinciales finalizaron en Catamarca, y persisten en Neuquén y Río Negro

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Unos 2.000 efectivos de seguridad entre prefectos y gendarmes llegaron a Santa Fe junto al secretario de Seguridad, Sergio Berni. «Generaremos acciones para llevarles tranquilidad y seguridad a los rosarinos», explicó el funcionario tras sostener una reunión con el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti.

El titular del Poder Ejecutivo provincial había solicitado un refuerzo con motivo del próximo Rally Dakar, pero esta mañana el traslado de los efectivos fue adelantado a raíz de las huelgas y manifestaciones policiales que se produjeron en algunas provincias.

«No se pueden volver a repetir en la Argentina las escenas que vimos en las pantallas de televisión, no podemos permitir que las fuerzas policiales extorsionen al poder político como lo han hecho, librando a los ciudadanos a su buena suerte», dijo Berni en referencia a los saqueos en la provincia de Córdoba.

«Más allá de los reclamos salariales, que no nos compete inmiscuirnos en este tipo de temática, hay una cuestión que es verdadera: la policía de todas las provincias tienen la obligación constitucional de velar por la seguridad de cada una de las poblaciones», agregó.

Para el funcionario, «lo que hicieron, más allá de los diversos reclamos, fue liberar el territorio y generaron un mecanismo de extorsión sobre el poder político donde los únicos perjudicados fueron los ciudadanos de Córdoba. Esperemos que esto no se repita en otras provincias», señaló, al tiempo que admitió que «hay efectivos de Gendarmería y Prefectura trabajando en la zona de Santa Fe, Neuquén, Bariloche, San Juan, en diferentes localidades de acuerdo al requerimiento de cada gobernador con la coordinación de la jefatura de Gabinete».

Ante las versiones de que en Santa Fe podría «contagiarse» de las otras protestas, Bonfatti con su Gabinete comenzaron a monitorear desde temprano la situación de reclamo policial junto a los jefes de policía de las diferentes unidades regionales.

Por la tarde, en una conferencia de prensa anunció un pago único de $1.500 para policías y destinará una cifra similar en enero para la compra de uniformes. Además en febrero habrá paritarias con el sector, según reportó Rosario 3. «La policía cumple funciones con normalidad», aseguró luego.

Tras su encuentro con Berni, el mandatario provincial anunció esta tarde que la provincia conformará un comité de crisis para evitar posibles saqueos e incidentes. Estará respaldado la dotación de prefectos y gendarmes que envió Nación, que actuarán «en todas las ciudades donde pueda ocurrir algún conflicto», según explicó.

La situación en otras provincias

El gobierno y los representantes de las fuerzas policiales de San Juan llegaron este sábado a un acuerdo salarial, por lo que se levantó la protesta que mantenían familiares de los efectivos y policías retirados en los alrededores de una dependencia. Anoche hubo 170 detenidos por intentos de saqueos tanto en la capital como en el departamento de Rawson.

El comisario general Juan Carlos Turón dijo que la recomposición salarial llegará a unos 8.500 pesos, un nivel salarial que se tomará como base para la próxima paritaria estatal, en marzo.

En cambio, en Neuquén cientos de efectivos declararon un paro de actividades en reclamo de un aumento salarial y se manifiestan en la sede de la jefatura de Policía de la capital. «Resolvieron hacer un paro de actividades, no un autoacuartelamiento», aclaró luego de reunirse con ellos el ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza. Y aseguró que la situación en la provincial «es normal», pese a que hay protestas similares en el interior.

Otra provincia que tiene un conflicto provincial es Río Negro. El gobernador, Alberto Weretilneck, convocó a las autoridades policiales a una reunión para el próximo martes para intentar solucionar el conflicto con la fuerza, que amenazó con «acuartelarse» si no obtiene respuestas a sus reclamos.

Desde el viernes, la Policía rionegrina lleva adelante una protesta en distintas ciudades de la provincia como Cipolleti, Viedma y General Roca, en reclamo de un incremento salarial que lleve el sueldo mínimo inicial a los 10.000 pesos «de bolsillo».

Chubut tampoco es ajena a los reclamos de la policía, por lo que el gobernador, Martín Buzzi, convocó a los efectivos a una reunión que se llevar  a cabo este lunes para tratar de arribar a una salida cordial frente a los pedidos de aumento y evitar un acuartelamiento. Y en Paraná, Entre Ríos, los uniformados presentaron un petitorio que será evaluado por las autoridades.

Mientras tanto, los miembros de la Policía de Catamarca, como sucedió un días antes en Córdoba y La Rioja, volvieron a sus funciones, tras los incidentes entre esa fuerza y la Prefectura Naval, cuando esta última desalojó a los manifestantes que habían irrumpido en la Gobernación y sitiado a la mandataria, Lucía Corpacci.

«Responsabilidad de las provincias»

Pese a la colaboración con el envío de ayuda, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich ratificó que «la seguridad pública es un ejercicio estrictamente provincial». El funcionario, quien visita por primera vez Chaco tras su asunción como jefe de Gabinete, realizó una conferencia de prensa junto al vicegobernador, a cargo del Ejecutivo, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, donde mencionó que se desplegó «un sistema de monitoreo para evaluar la situación en cada una de las provincias».

«Estuve dialogando con la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci y lo mismo hice con los gobernadores Antonio Bonfatti (Santa Fe), Daniel Scioli (Buenos Aires) y José Manuel de la Sota (Córdoba) para hacer un monitoreo adecuado de la situación», explicó el funcionario.

Capitanich recordó que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 13 de abril 1869, el que ratifica que la seguridad pública es un poder no delegado por lo que «indudablemente la administración de la seguridad y la política salarial es una competencia exclusiva, excluyente y estrictamente provincial».

«La seguridad pública está regulada en virtud de la Ley 24059 y sus modificatorias y eso implica que frente a causales expresamente establecidas en los artículos 23 y 24, debe haber un pedido formal para requerir apoyo por parte del Estado nacional», explicó Capitanich. Y recordó que el Estado nacional no puede entablar ninguna negociación salarial con ningún actor gremial en el ámbito provincial, porque eso sería violatorio de las autonomías de cada jurisdicción.

«Tiene que existir una responsabilidad objetiva por parte de quien administra las cajas provinciales respecto a poder asumir los compromisos, porque si no resolvería un problema hoy para generar otro mañana», agregó.

DyN-NA