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Capitanich: “Argentina pidió el reemplazo del BoNY”

El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, confirmó la publicación de un “Aviso legal” en diarios internacionales en la que expresa que si Bank of New York Mellon (BoNY) “incumple su obligación, como agente fiduciario, debe ser reemplazado, tal cual lo estipula el prospecto” del contrato firmado y señaló que “la Argentina cumple, la Argentina paga a sus tenedores, que tienen derecho a percibir los recursos financieros”. Lo expresó en la habitual conferencia de prensa matutina, en la Casa de Gobierno, oportunidad en la que también fue consultado sobre la apelación realizada por el Citibank para sortear el bloqueo judicial que le impide pagar a los bonistas, tema sobre el cual la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York se abstuvo de dar su veredicto, en la audiencia de la semana pasada. “Advertimos –dijo Capitanich- que el Citibank debe cumplir lo que le corresponde, desde el punto de vista de las transferencias de recursos financieros a tenedores de deuda, en virtud de que se trata de la aplicación de la jurisdicción argentina”. “No debe estar el Citibank en dilema, sino cumplir sus obligaciones”, subrayó. También valoró que en reunión de ministros de Economía del G20 en Australia abordó el tema de las decisiones de los tribunales sobre la reestructuración de la deuda externa de los países. En ese sentido señaló que “es muy importante que la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) haya decidido, con el voto de 124 países a favor, para la convocatoria de la Convención de la ONU para establecer un proceso de reestructuración de deuda voluntaria soberana”. “Argentina ha liderado el proceso”, destacó Capitanich, y destacó que tanto los representantes de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales –que participó del G20- hasta Anne Krueger, ex directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros analistas han comentado que la reestructuración de la deuda soberana debe realizarse dentro de “ciertos parámetros, para evitar que grupos minúsculos de acreedores entorpezcan los procesos de reestructuración voluntaria”. Ese proceso, explicó Capitanich, debe realizarse “a través de un marco regulatorio que podrá decir que si hay una aprobación del 66 o el 75% de los acreedores, sería obligatorio para el resto y esto impediría la acción deliberada de los fondos buitre”.

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