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El diputado nacional y ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, su ex ministro de Salud Alejandro Collia y el empresario Ricardo Miller fueron inhibidos por más de 189 millones de pesos por parte de la Justicia platense y además al ex mandatario provincial se le prohibió salir del país sin autorización previa, en el marco de la causa en la que se los investiga por irregularidades en la contratación de obra pública.
Fuentes judiciales informaron que la determinación fue adoptada por la jueza de Garantías Marcela Garmendia ante un pedido que había realizado el fiscal Álvaro Garganta para que se dicte la inhibición general de bienes de los tres procesados por un total de 189.200.000 pesos.
La magistrada aceptó el pedido de Garganta para que Scioli no salga del país sin notificar a la Justicia cuando quiera hacerlo.
El fiscal investiga presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante la gestión de Scioli, quien habría favorecido al empresario Miller en la construcción de esos establecimientos.
En la resolución, Garmendia remarcó que el Código Penal establece que el magistrado podrá desde «el inicio de las actuaciones» adoptar las medidas cautelares de índole patrimonial que considere necesarias para «hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes».
«El derecho que pretende ser protegido a través de la medida de inhibición general de bienes resulta, en esta instancia, verosímil y surge en virtud del perjuicio que se habría ocasionado al Fisco de la Provincia de Buenos Aires, al haber adjudicado de forma irregular las UPA, tal como fuera oportunamente valorado por el fiscal», indicó la jueza.
La magistrada sostuvo que el fiscal modificó su pretensión originaria para que el ex gobernador debiera solicitar permiso para salir del país por otra para que sólo de aviso con lo cual «limito mi jursidicción como Jueza de Garantías».
Scioli está acusado de los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes del funcionario público.
Scioli afirmó en su indagatoria que no recibió «nunca dádivas de ninguna persona» y agregó que «todas las contrataciones» durante su gestión fueron realizadas «en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad».
