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La familia Cierco le exige a Andorra que pare la liquidación de BPA

La familia Cierco, accionista mayoritaria de Banca Privada d’Andorra (BPA), ha reclamado formalmente a Andorra que paralice el proceso de liquidación de la entidad, intervenida en marzo por presunto blanqueo de capitales. La petición ha sido cursada ante la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) –una especie de FROB andorrano– y ante la Batllia, el juzgado de primera instancia del Principado. La solicitud se basa en la decisión de un juez estadounidense en torno a una entidad tanzana, en situación muy similar a la que atraviesa BPA.

«La petición se fundamenta en las consecuencias que puede tener en el caso las recientes decisiones de la Justicia estadounidense en relación al FinCEN –la división de delitos financieros de EE UU– y al banco de Tanzania (FBME), y que son la base de las demandas que se han formulado o se formularán por parte de los legítimos propietarios de BPA ante el organismo dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense», explican en un comunicado. «El procedimiento de resolución de BPA está causando y seguro causará perjuicios de imposible reparación a nuestros representantes», alerta.

Los requerimientos efectuados se basan en el convencimiento que los asesores legales de la familia Cierco tienen del impacto que puede generar sobre el «caso BPA» la resolución de un juez federal estadounidense instando al FinCEN a detener al proceso que puso en marcha en relación al banco tanzano FBME y a facilitar toda la información a partir de la cual basa las acusaciones que formuló contra esa entidad para que pueda defenderse adecuadamente. «La Justicia estadounidense considera que el FinCEN ha vulnerado derechos fundamentales de aquel banco al haber incumplido los requisitos fijados en la Ley de Procedimiento Administrativo americana. La decisión pretende frenar la liquidación de la entidad antes de que ésta no se haya podido defender con todas las cartas sobre la mesa», dicen los accionistas de BPA.

En este sentido, afirman que «existe el convencimiento de que el escenario es el mismo en relación a BPA». Y si en su día se hizo una petición administrativa al FinCEN para que retirara la notificación del 10 de marzo acusando al banco de canalizar dinero del crimen organizado y facilitara toda la documentación que fundamente las acusaciones que en aquella comunicación se hacían sobre BPA, ahora los abogados americanos de los Cierco ya están trabajando en la elaboración de la demanda judicial. «Uno de los elementos que sin lugar a dudas se destacará es que sin que ni siquiera haya una decisión final del FinCEN las autoridades andorranas ya hayan puesto en marcha y tengan muy avanzada la resolución de BPA», alegan. Además, se defienden asegurando que los trabajos de auditoría de PwC «no han permitido detectar ningún caso de lavado de dinero que no fuera alguno de aquellos que ya estaban bajo control judicial, en la mayoría de ocasiones gracias a denuncias efectuadas por la propia BPA».

Acciones judiciales

En cualquier caso, la familia Cierco –propietaria de un 75% de BPA– ya ha comunicado a la Justicia andorrana su intención de iniciar tantas acciones judiciales como sean necesarias contra el AREB y los miembros de su consejo de administración de manera individual «por la responsabilidad en que hayan podido incurrir o que incurran en un futuro ante el perjuicio que está causando el proceso que tutelan» de liquidación de BPA. Incluso se han dirigido al jefe del Gobierno de Andorra, Toni Martí, al que han pedido que «intervenga para detener el proceso de resolución con el fin de evitar el agravamiento de los perjuicios que se están generando». En un requerimiento enviado al AREB y en un escrito dirigido al Tribunal de Batlles, la familia Cierco exige que no se tomen nuevas decisiones en cuanto a la resolución «que pudieran condicionar una buena solución o que vinieran a perjudicar los intereses de los clientes y accionistas de la entidad».

Sus representantes avisan además de que, en caso de no alcanzar un acuerdo, el proceso puede ser perjudicial, aparte de para la entidad, para el Principado.

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