¿Qué pasará con la Ley de Tarjetas de credito?

Después de una reunión de comisión muy agitada, el oficialismo en la Cámara de Diputados se comprometió ayer a emitir dictamen el martes próximo sobre el proyecto de ley que propone reducir los aranceles que cobran a los comercios las tarjetas de crédito y de débito.

Aprobada por el Senado hace dos meses, la iniciativa propone llevar las comisiones que las tarjetas de crédito cobran por cada operación del 3 por ciento actual al 1,5 por ciento, y eliminar las de las tarjetas de débito, hoy situadas en el 1,5 por ciento.

Será difícil, de todos modos, que el proyecto se convierta en ley antes de fin de año, porque el oficialismo pretende introducir cambios, a partir de una iniciativa propia, presentada ayer por los presidentes de las comisiones de Legislación General, Daniel Lipovetzky, y de Finanzas, Eduardo Amadeo.

En ese texto se propone, entre otras cosas, promover una mayor competencia en el mercado de las tarjetas de crédito y reducir las comisiones, pero en menor medida: las tarjetas de crédito pasarían al 1,7 por ciento y las de débito, al 0,8 por ciento.

Además, se habilitaría a los comercios a trasladar un porcentaje de las comisiones a los clientes, es decir, a fijar un precio diferencial para el pago con tarjeta, variante hoy prohibida.

Estos cambios cuentan con el visto bueno de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), principal impulsora de la iniciativa y protagonista de una fuerte campaña de presión, que incluyó la distribución de folletos en las puertas del Congreso mientras se discutía el proyecto.

El punto de discusión será un artículo del proyecto del macrismo que propone eliminar los topes a las comisiones una vez que se haya alcanzado el nivel de competencia deseado.

Como denunció en la reunión el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), Esteban Greco, la concentración del mercado de tarjetas de crédito es muy alta. La empresa Prisma, propiedad de 14 bancos, controla el 80 por ciento del mercado con varias tarjetas, en especial Visa, que por su parte tiene casi el 60 por ciento del total.

Casi en este mismo sentido se manifestó José García Hamilton, funcionario de la Secretaría de Comercio, quien advirtió que la propuesta que se discute en Diputados «no va a solucionar para nada el problema de la falta de competencia en el mercado de tarjetas de crédito», e incluso consideró que esta ley «va a ser una barrera al ingreso de cualquier otro competidor».

Cesar Bastién, director ejecutivo de la Asociación de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc), señaló que «el arancel promedio de la Argentina no es muy distinto a lo que se está cobrando en la región», y advirtió que «una reducción del arancel afecta fuertemente a las tarjetas y a los comercios, a los usuarios y al Estado».

Del otro lado del mostrador empresario, Osvaldo Cornide, presidente de CAME, fijó la posición del comercio: «En los últimos 12 meses los comercios les transfirieron a los bancos 14.563 millones de pesos en comisiones. Si se hubiesen bajado tal como lo votó el Senado, los comerciantes hubieran ahorrado 8600 millones de pesos», sostuvo durante la reunión de la Comisión de Legislación General.

Alberto Garay, uno de los representantes de Prisma, afirmó que el proyecto es «inconstitucional» porque, a su juicio, viola el derecho a ejercer el comercio y la industria lícita, y la propiedad privada.

Los dirigentes empresarios expusieron después de una fuerte discusión entre diputados de Cambiemos y del Frente para la Victoria (FPV). Estos últimos intentaron que la comisión emitiera ayer mismo dictamen del proyecto tal como venía del Senado y denunciaron maniobras dilatorias del bloque oficialista.

«Hay una urgencia por parte de las Pymes de nuestro país, que están atravesando una crisis», levantó la voz Carolina Gaillard, que se paró para exigirle cara a cara a Lipovetzky que habilitara la firma del dictamen.

Luego de demorar dos meses el inicio del tratamiento del proyecto, estaba previsto que la iniciativa se debatiera la semana pasada en un plenario de comisiones.

El oficialismo primero pospuso esa convocatoria para ayer y después decidió que se reuniera sólo la Comisión de Legislación General, en un encuentro «informativo», es decir, sin facultad para dictaminar. Tras intensas negociaciones, el oficialismo finalmente acordó con CAME introducir cambios y producir dictamen el martes próximo.

Fuente: La Nación