A pesar de las promesas, no se aplica el protocolo antipiquetes

Pese al protocolo antipiquetes, las manifestaciones en la vía pública crecieron ininterrumpidamente en el último tiempo en casi todas las regiones de la Argentina. Desde la Ciudad de Buenos Aires sostienen que este protocolo es difícil de implementar en su jurisdicción. Prefieren postergar su aplicación lo máximo posible. Hay varias causas. El nivel de conflictividad social y la politización de la mayoría de las protestas generan un combo explosivo. Si bien en mayo hubo una leve baja con respecto al mes anterior, los piquetes en los distintos puntos del país fueron aumentando desde que el Ministerio de Seguridad aprobó esta medida, según se desprende de los informes elaborados por la consultora Diagnóstico Político. De las 512 manifestaciones que hubo en febrero de 2016, mes en que se comenzó a implementar el protocolo, se llegó a un pico máximo de 626 cortes en abril, que disminuyó a 587 en el periodo siguiente. El llamado «Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas» establece un régimen a partir del cual el Ministerio de Defensa propone un diálogo con los grupos que planeen realizar una protesta para acordar un recorrido de la misma y garantizar que no se limite el derecho de libre circulación de los demás ciudadanos. En caso de que el piquete se haya generado de forma «espontánea» o sin un previo aviso a las autoridades, las fuerzas de seguridad del Estado (Gendarmería, Policía Federal o Prefectura) deberán comunicarse con el ministerio de Seguridad nacional, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, según la jurisdicción, para informar de la situación. A partir de ahí se instará a los manifestantes a que dejen libre las vías de circulación. Si el bloqueo continúa, ésto podrían sufrir las penas previstas en el artículo 194 del Código Penal, que establece prisión de entre tres meses y dos años, o las condenas determinadas por el código contravencional de cada ente nacional. Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que este procedimiento se está aplicando en los diferentes ámbitos que corresponden a la jurisdicción nacional. «En todas las protestas que hubo en rutas naciones se aplicó el protocolo y se garantizó la libre circulación en al menos dos carriles», aseguró una fuente del Ministerio de Seguridad. En cuanto al aumento de piquetes, explican que «si bien hay una negociación previa» con los distintos grupos en conflicto, «lo que se busca ahí es acordar el procedimiento y garantizar que haya libre circulación pero no se puede negar el derecho que tiene cada grupo a manifestarse». La segunda región en la que se generaron mayores piquetes fue en la Ciudad de Buenos, donde se registraron, de febrero a mayo, un total de 226 cortes. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño entienden que el protocolo antipiquetes es difícil de implementar en su jurisdicción debido justamente a la gran cantidad de manifestaciones que se generan, de las cuales muchas se inician por reclamos al Gobierno nacional. A esto se le suma que la mayoría de los piquetes son sin un acuerdo previo con las autoridades, por lo que deben enfrentarse con una protesta multitudinaria concentrada de manera repentina. En otras ocasiones se pudo llegar a un consenso entre el Ministerio y las agrupaciones en conflicto, como fue el caso de la movilización de los taxistas contra la empresa Uber, y se liberaron carriles para el tránsito. Así las cosas, la actuación de las fuerzas de seguridad se ve limitada y, en general, se busca que haya un diálogo con los manifestantes para que sus reclamos sean atendidos y así disipar la zona sin que se genere una situación tensa con la Policía. El protocolo antipiquetes llegó después de varios años de crecimiento sostenido de cortes en las vías públicas, que aumentó notablemente en 2014 y 2015. Esta práctica se observó más seguido en el primer mes del 2016, que, según las cifras de Diagnóstico Político, se convirtió en el enero con más bloqueos por manifestaciones desde el 2009.