Balcedo: la Justicia solicitó la extradición del sindicalista y su esposa

Balcedo: la Justicia solicitó la extradición del sindicalista y su esposa

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak pidió este martes a la Justicia uruguaya la extradición del sindicalista detenido Marcelo Balcedo y de su mujer, Paola Fiege, para que sean juzgados en la Argentina por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. En el mismo fallo, el magistrado reclamó al vecino país la repatriación de todos los bienes confiscados al sindicalista, luego de que fuera detenido en su chacra de Playa Verde, en el departamento de Maldonado, entre ellos autos de alta gama, propiedades, terrenos y 7,5 millones de dólares en efectivo hallados en cajas de seguridad. La resolución denuncia la puesta en circulación en el mercado formal de una importante cantidad de bienes que habrían sido adquiridos con capital obtenido por «diversos hechos ilícitos», a través de maniobras en las que también habría intervenido la mano derecha de Balcedo y prosecretario del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y Educación (SOEME), Mauricio Yebra, también detenido. El magistrado mencionó, por ejemplo, la «administración fraudulenta» del SOEME, gremio en el que Balcedo, que fue detenido el 4 de enero, era secretario general. A su vez, el juez dio cuenta de presuntas «maniobras de lavado de activos» a partir de la comercialización de estupefacientes por parte del cartel de droga conocido como «Los Monos». El fallo también hace referencia a «delitos precedentes» por parte de la asociación ilícita. Entre los bienes ya identificados por la Justicia se encuentran la lujosa chacra «El Gran Chaparral» de Playa Verde, con una extensión de 90 hectáreas; una chacra en Dolores; casi cuarenta vehículos de alta gama; tres embarcaciones; inmuebles en Uruguay, La Plata, Cariló, San Fernando; lotes para construir en La Plata; y los 7,5 millones de dólares. Además de la extradición de los imputados, Kreplak solicitó la repatriación de los bienes «que se encuentren en la República Oriental del Uruguay y que hubieran sido obtenidos como resultado de los delitos que se investigan en jurisdicción argentina, o que pudieran servir de prueba de la comisión de dichos delitos».