CELS: “El Estado se niega a informar sobre la regulación de los fondos para AFI”

«El Estado se niega a dar información sobre la regulación de los fondos y desconoce los compromisos internacionales con las víctimas del atentado a la AMIA», fue el título del comunicado emitido por el CELS y Memoria Activa, agrupación de familiares y amigos de víctimas del atentado ocurrido en 1994. El CELS y Memoria Activa le habían pedido a la jefatura de Gabinete de Ministros que informara sobre la derogación, a través del decreto 656/16, del régimen de fondos de la AFI que regulaba el registro del uso de los fondos reservados para permitir el control de los gastos y las actividades. El director de la AFI, Gustavo Arribas, «no responde si se sancionó un nuevo régimen de fondos, ni qué procedimientos administrativos reemplazaron a los anteriores, ni cuáles serán las políticas para transparentar las actividades de inteligencia, ni cómo se cumplirá con el decreto 812/05», señalaron. «El director de la AFI, en representación del Poder Ejecutivo, afirma que no es necesario hacer público cuál es el actual sistema de registración de fondos reservados ni cómo funciona e invoca una cuestión de fe», sostuvieron. «Esta respuesta parece considerar que las normas generales de regulación del sistema de inteligencia deben ser clasificadas como secretas», lamentaron, y agregaron que «este es el enfoque que impide que el sistema de inteligencia avance hacia mayores niveles de transparencia y control». En el mismo comunicado sostuvieron que el Estado «desconoce los compromisos internacionales con las víctimas del atentado a la AMIA» e hicieron referencia al informe del Caso AMIA realizado por el propio Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «Luego del reconocimiento de responsabilidad internacional se acordaron medidas de reparación plasmadas en el Acta que se firmó en la CIDH el 4 de marzo de 2005. El 12 de julio de ese año, el Estado Nacional formalizó en el decreto 812/05 el reconocimiento de responsabilidad y el Acta con las medidas de justicia y reparación acordadas. Este decreto está vigente», recordaron. «La respuesta de Arribas a nuestra solicitud de información es un claro incumplimiento de una normativa interna y el Estado pretende justificarlo desconociendo la vigencia de los compromisos asumidos en el decreto, entre ellos el de `transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia´», sostuvieron. El compromiso de transparentar el sistema de utilización de esos fondos fue considerado por ambas organizaciones como una medida necesaria para no repetir «el funcionamiento oscuro y sin control de los servicios de inteligencia» que generó, entre otras cosas, el desvío de la investigación del atentado a la AMIA. La referencia al «funcionamiento sin control de los servicios de inteligencia» tiene relación con el juicio oral y público que se está desarrollando en estos días en los tribunales federales de Comodoro Py por el encubrimiento del atentado contra la AMIA. Entre otros hechos, se juzga el pago de 400 mil pesos, surgidos de los fondos reservados de la entonces Secretaria de Inteligencia de Estado, para que el imputado Alberto Telledín modificara su versión de los hechos e inculpara a un grupo de policías bonaerenses. «Por estos motivos, volvimos a enviar una nota al jefe de gabinete Marcos Peña para transmitirle estas preocupaciones y mantuvimos una reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano», informaron desde el CELS y Memoria Activa. «Dentro de una semana se cumplen 22 años del asesinato impune de las víctimas del atentado a la AMIA. Sus familiares continúan sufriendo el incumplimiento de los sucesivos gobiernos de los compromisos que fueron asumidos hace 11 años», concluyeron.