Confirman la prisión preventiva de Omar Caballo Suárez

La Cámara Federal rechazó liberar al ex secretario del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar «Caballo» Suárez, acusado de ser «jefe» de una asociación ilícita y de llevar adelante una administración fraudulenta en el gremio que lideró por casi 30 años. Fuentes judiciales informaron que por mayoría la Sala I del Tribunal confirmó la prisión preventiva decretada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. «Advierto la existencia de claros riesgos para el devenir del proceso que demuestran que, en procura de conjurarlos, resulta necesario privar provisoriamente de la libertad al imputado», sostuvo en su voto el juez Jorge Ballestero. En ese sentido, el camarista recordó que hubo retiro de documentación del sindicato y de algunas de las empresas vinculadas, algunos remitidos a un campo y otros sin destino incierto, y migración de datos contables cuyo contenido permanece inaccesible para la investigación. Ballestero también recordó que en las distintas seccionales del SOMU, y más allá que Suárez ya no es el secretario general, «negaron hacer entrega de los establecimientos a las autoridades». El juez Eduardo Farah votó por también rechazar el pedido de excarcelación hecho por la defensa quien argumentaba que no hay riesgo de entorpecimiento de fuga ni de la investigación. En cambio, en su voto en minoría, el camarista Eduardo Freiler votó por liberar a Suárez: «no percibo razón alguna que habilite a sospechar que el imputado habrá de entorpecer el avance de la investigación en curso». Según el juez, la detención «no se encuentra justificada» y que hay otras medidas «menos lesivas» para asegurar salvaguardar la prueba en la causa. La causa se inició por la denuncia hecha por Miguel Ángel Doñate, en representación de la Cámara de Armadores de Lanchas de Prácticos (CALAPRAC) en mayo de 2012. Según el procesamiento dictado por el juez, Suárez, que manejaba el sindicato desde 1992, «encabezaba la sociedad que participó de los sucesos que le han sido inculpados». En 2008, el Estado argentino por un convenio entre el Ministerio de Planificación Federal, ENARSA e YPF, comienza a importar gas licuado a 160 grados bajo cero mediante buques metaneros y su posterior conversión a gas natural a través de buques gasificadores. En ese momento, Suárez con otros integrantes del gremio comenzó a exigir a varias empresas del sector naviero dinero supuestamente destinado para capacitar a los marineros a través de la escuela «Omar Rupp» del SOMU, para que estuvieran en condiciones de abordar esos buques, a cambio de no bloquearles el ingreso a los puertos del país, mediante la negativa del servicio de remolque. «Esas exigencias de donaciones se liquidaban como si fueran remuneraciones por tripulación que en realidad nunca embarcaba. Sin embargo, ese dinero no se asignaba a la escuela de capacitación del sindicato, sino que era facturado por la firma San Jorge Marítima S.A., en representación de la Fundación Azul para el cuidado y representación del medio ambiente fluvial, marino y lacustre», remarcó el juez. «El dinero ingresaba a esa sociedad anónima cuyo 20 por ciento de capital accionario pertenece al SOMU, pero luego no ingresaba como dividendos al sindicato sino que eran retirados por Juan Manuel Medina por orden de Omar Suarez, en beneficio propio de los integrantes de la organización. Entre los años 2010 y 2011 habrían ingresado a San Jorge Marítima S.A., la suma aproximada de 5.000.000 de dólares en concepto de capacitación», añadió el juez.