Cancillería salió a defenderse de las críticas de Naciones Unidas sobre la Reforma judicial

El Gobierno protagonizó un duro contrapunto con una representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que acusó de «falta de imparcialidad, mesura y equilibrio», luego de que cuestionara dos de las seis leyes de la reforma judicial impulsada por la Casa Rosada. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, la brasileña Gabriela Knaul, exhortó este martes al Gobierno argentino a que reconsiderara las leyes de reforma del Consejo de la Magistratura y de regulación de las medidas cautelares, aprobadas la semana pasada en una agitada sesión en la Cámara de Diputados. Mientras que la ley sobre las cautelares ya se encuentra en vigencia a partir de la promulgación de parte de la presidenta Cristina Kirchner, la del Consejo de la Magistratura debe ser ratificada por el Senado el próximo miércoles 8 de mayo, luego de que se le introdujeran modificaciones. «La disposición sobre la elección partidaria de los miembros del Consejo de la Magistratura es contraria al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura», afirmó la Relatora especial de la ONU designada en agosto de 2009. Y, en un comunicado difundido en Ginebra, agregó: «El Estado tiene el compromiso de asegurar la independencia de la judicatura mediante el respeto de su legislación a los estándares internacionales». «Hago un llamado a Argentina a que establezca procedimientos claros y criterios objetivos para la destitución y sanción de jueces, y que se asegure un recurso efectivo a los jueces para impugnar dichas decisiones, en aras de salvaguardar la independencia judicial», dijo Knaul, en declaraciones reproducidas por la agencia internacional AFP. A su vez, sostuvo que las nuevas limitaciones a las medidas cautelares son «contrarias a los artículos 2 (3) y 14 (1) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros estándares internacionales relevantes». La respuesta del Gobierno argentino no tardó en llegar y estuvo a cargo de la Cancillería, que expresó su «malestar» ante el «inusitado comunicado de prensa» que consideró emitió Knaul y sostuvo que «su falta de imparcialidad, mesura y equilibrio representa un desvío del mandato mismo encomendado a la relatora». La cartera que conduce Héctor Timerman agregó que es «paradójico» que «quien ha recibido el mandato de proteger la independencia de magistrados y abogados atropelle principios básicos del derecho, prejuzgando y adelantando conclusiones sin haber recibido las respuestas a las preguntas que planteó en la noche del viernes pasado al Estado argentino». A raíz del episodio, la representación argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra mantuvo una reunión con Jane Connors, directora de la División de Procedimientos especiales de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, a quien manifestó «el desagrado argentino por la inconducta de la Relatora en cuestión». «Esta misma preocupación por la improcedente conducta de la Relatora es compartida por la Oficina de la Alta Comisionada, quien así lo ha transmitido al Presidente del Comité de Coordinación de Titulares de Mandato», informó la Cancillería. En su texto, el Gobierno cuestionó que «menos de una hora después de haber recibido el pedido de información», contestó formalmente que respondería «todas las preguntas planteadas de inmediato» y que, sin embargo, «la relatora emitió un comunicado menos de 24 horas hábiles después de haber enviado el material solicitando respuestas». «De esta manera convirtió a las Naciones Unidas en fiscal, juez y verdugo contra un país miembro», denunció la Cancillería. Informó de todas maneras que el Gobierno responderá las inquietudes de la relatora, de la que dijo que «seguramente desconoce que fue la propia sociedad civil quien propuso y obtuvo varios de los cambios que fueron incorporados a los proyectos», lo cual demuestra «su ignorancia o parcialidad política».