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La denuncia del Gobierno contra La Fraternidad y Maturano recayó en el juez Ercolini

Tal como lo había adelantado anoche en conferencia de prensa en la Casa Rosada, Randazzo efectuó la presentación que recayó en el juez federal Julián Ercolini, ante quien sostuvo que la actitud del sindicato y de sus dirigentes podría encuadrarse en el artículo194 del Código Penal y por ende ser pasible de las sanciones que allí se contemplan, que van de 3 meses a dos años de prisión. En el escrito, Randazzo efectúa el relato cronológico de los hechos que comenzaron el martes pasado, cuando el ministerio a su cargo “dio a conocer la iniciativa de instalar cámaras de video en las cabinas de conducción de los trenes”, que apuntan a “dar protección a los trabajadores y pasajeros”. Tal como indicó en la conferencia de prensa, en el texto de la denuncia informa que al instalarse la cámara en la formación Chapa 11 de la línea Sarmiento, ésta “permaneció sin prestar servicio en el taller Castelar como medida de fuerza llevada adelante por el sindicato de La Fraternidad” en “rechazo a la instalación de dicha tecnología en las cabinas”. Se señala que “al mismo tiempo, dicha entidad gremial amenazó con implementar una medida de fuerza por este mismo motivo en todas las líneas de ferrocarriles del Area Metropolitana”. Agrega el texto que al día siguiente “el mencionado Sindicato decretó una huelga con el argumento de que no se había abonado en tiempo y forma el aguinaldo” y “la medida tuvo acatamiento en las líneas Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur”. El Ministerio considera que “sin embargo, dicha acción de fuerza no tiene fundamento alguno” por cuanto “desde antaño” ese pago se efectúa el cuarto día hábil del mes, “y en el día de la fecha (4 de julio) los trabajadores ferroviarios efectivamente cobraron su salario y aguinaldo con un 23 por ciento de aumento retroactivo a marzo, más 90 pesos por día trabajado en concepto de viáticos”. “En consecuencia –añade la denuncia- resulta manifiesto que esta medida de fuerza ilegítima y/o paro salvaje tiene en realidad otra finalidad encubierta, que es el rechazo a la instalación de cámaras filmadoras en el interior de las cabinas de conducción, concretando en definitiva la amenaza formulada por los integrantes de dicho gremio el 3 de julio”. Para Randazzo, “esta actitud refleja el desinterés de este Sindicato en que se hagan efectivas las medidas de control que apunten a mejorar la seguridad del servicio público”. Tras mencionar la forma en que perjudicó a los usuarios la huelga, en el texto se indica que “la gravedad de dicha acción de fuerza ilegítima adoptada por el gremio que conduce Omar Maturano, se vio reflejada también en los destrozos protagonizados por un grupo organizado de personas, que obligaron a reforzar la seguridad policial”. Se recuerda que anoche “pasadas las 19 horas, decenas de violentos, algunos con caras tapadas, comenzaron a arrojar piedras contra las instalaciones de la terminal de Constitución del Fedrrocarril Roca, y también contra los colectivos que pasaban por el lugar, recogiendo pasajeros. Rompieron parte del mobiliario urbano e iniciaron incendios en la calle Brasil”. “Minutos antes de las 20 –agrega la nota al Juzgado- los violentos se replegaron en la plaza, pero cuando parecía que la situación comenzaba a calmarse, volvieron a la carga con más piedras, nuevos incendios y la intención de saquear los comercios que están dentro de la estación”. “Hubo actos de violencia física contra los efectivos policiales que se encontraban custodiando la estación y los pasajeros”, indica, y tras la intervención de la Brigada de Infantería fueron detenidas 18 personas, 3 de ellas menores. Randazzo concluye que “la actitud desmedida desplegada por este sindicato, sin dudas impidió, estorbó y entorpeció el normal funcionamiento del transporte ferroviario, quedando en consecuencia encuadrado, entre otros, en lo previsto en el artículo 194 del Código Penal de la Nación”.

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