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Ley de Medios: expusieron los representantes del Estado en la audiencia pública

En la segunda audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia para escuchar a los representantes del Estado y del Grupo Clarín, en cuando a la constitucionalidad de cuatro artículos de la Ley de Medios de Servicios de Comunicación Audiovisual, los jueces del máximo tribunal formularon preguntas a las partes respecto de sus posiciones. La parte actora, el Grupo Clarín, argumentó respecto de la relación entre sustentabilidad de la empresa y la afectación a la libertad de expresión, en el caso de que la ley audiovisual entre en vigor. El Poder Ejecutivo Nacional, que es la parte demandada, presentó a su equipo especializado que contestó a las consultas del Máximo Tribunal. El Estado fue representado por un grupo de abogados, ingenieros en comunicaciones, economistas, licenciados y especialistas en Comunicación, integrados por Eduardo Barcessat, Graciana Irma Ruth Peñafort Colombi, Pablo Esteban Wiznia, Angelina María Esther Abbona, Horacio Pedro Diez, Sergio Iurano, Sergio Ricardo Landin, Horacio Amílcar Seillant, Pedro Antonio Sequeira, Sofía Nube Porley y Fernando Torrillate. El director de nacional de Gestión, Administración y Desarrollo de Servicios Audiovisuales, de la Autoridad Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Daniel Larrache, aseguró que “la ley se viene aplicando desde su sanción, en todo lo que puede ser practicada” y puntualizó que “debe ser aplicada para todos, no puede haber un grupo que no entre en las generales de la ley”. En cuanto a la cantidad de grupos que tienen licencias y se adecuaron a la ley, Larrache dijo que son 14, mientras que hay 15 que realizaron propuestas y están en evaluación de la Afsca. “Unos 29 licenciatarios se presentaron, más otros 10 que no requerían adecuación”, dijo. En este sentido, Larrache puntualizó que “se presentaron todos los grupos de medios, menos el Grupo Clarín”, ante el organismo regulador y reiteró el multimedio no presentó planes de adecuación de sus licencias. El director aclaró que Clarín tiene 200 veces más licencias que otros medios y grupos. “Clarín tiene 237 licencias. El siguiente competidor, el Grupo Uno, que va a adecuarse, tiene 49”, dijo. La abogada Peñafort Colombi indicó como concepto que “la libertad de expresión es un valor simbólico” y la “ley de defensa de la competencia resguarda al mercado”, en relación a las distintas disputas que hay en el juicio: una económica, y la otra por la libertad de expresión y el acceso a los medios. Además, la abogada aseguró que al momento de la sanción de la ley se evaluaron las posibles pérdidas de fuentes de trabajo. “La ley cuenta y tiene incorporada en sus normas a los sindicatos de prensa. Se busca preservar las fuentes de trabajo. Como también el respeto de las incumbencias profesionales. La ley establece que se evaluarán, para acceder a la licencia, los planes de formación de su personal”, indicó. En este sentido, la abogada dijo que “el proceso de adecuación no busca caducar licencias, sino que se preserven. La ley solo funciona si se crea una industria cultural. Con concentración no hay industria cultural”. En cuanto a la importancia del acceso de distintas voces a los medios, Peñafort Colombi dijo que “lo que sostiene el Estado es que la licencia se enmarca en una actividad de interés pública y no es asimilable a una fábrica de galletitas”. “Hay determinadas condiciones por las cuales se puede restringir el ejercicio de esa licencia”, dijo y aclaró que “el Estado no puede discrecionalmente quitar una licencia”. En cuanto a la necesidad de desconcentración de mercado, la abogada dijo que “el Grupo Clarín, por el volumen de mercado que tiene, marca la entrada” de otros competidores y aseguró que la empresa “ha tenido maniobras predadoras”. “El volumen que tiene hoy el grupo Clarín impide el ingreso de nuevos competidores. No es sólo necesario adecuar al Grupo Clarín, sino a las otras 39 empresas que deben hacerlo”, concluyó la abogada.

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