El fiscal pidió procesar con prisión preventiva a los ex secretarios Jaime y Schiavi

El fiscal federal Federico Delgado pidió este lunes procesar con prisión preventiva a los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Jaime ya está detenido por orden del juez de la causa, Julián Ercolini, pero Schiavi permanece en libertad. Delgado también pidió a Ercolini que procese con preventiva al ex asesor de Jaime, Manuel Vázquez, quien al igual que el ex funcionario permanece detenido en la cárcel bonaerense de Ezeiza. «Hay riesgos específicos que pueden obstaculizar la aplicación de una sanción», advirtió Delgado en el dictamen al que accedió Télam y cuyos planteos deberán ser resueltos por Ercolini. El fiscal consideró que todos los indagados en la causa por la compra de material inservible deben ser procesados por delitos como peculado y cohecho, que prevé hasta diez años de prisión. Y en el caso de Schiavi, sucesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, advirtió que «registra una condena a ocho años de prisión» por la tragedia del tren de Once que si bien fue apelada «posee presunción de legitimidad de los actos de gobierno» y «debe ser ponderada a la hora de evaluar la libertad» del ex funcionario. Delgado aludió a la necesidad de «asegurar la comparecencia» de Schiavi en los tribunales. «Nos encontramos ante gravísimos hechos de corrupción trasnacional que el Estado argentino está obligado a investigar en virtud de compromisos asumidos en numerosos tratados internacionales», continuó el fiscal sobre la causa en la que Ercolini citó a indagatoria al ex ministro de Planificación Julio De Vido para el 27 de abril. En los casos de los ya detenidos Jaime y Vázquez, quienes mañana pedirán la excarcelación a la Cámara Federal porteña, Delgado reiteró la existencia de riesgos de obstaculizar la investigación. «En esta causa, los imputados –cada uno dentro de su función- desviaron enormes sumas de dinero que estaban destinadas a un fin noble: recuperar el patrimonio ferroviario argentino. De hecho, los sucesos ocurrieron dentro de lo que se llamó ‘Plan de emergencia ferroviaria y estado de emergencia crítica de los Servicios Interurbanos de Transporte Ferroviario de Pasajeros'», apuntó Delgado. Y para concretar la maniobra se recurrió a un «pacto ilegal, que ya hemos narrado, mediante el que decidieron comprar chatarra como si fuera buena y facturar sumas exorbitantes a empresas amigas en conceptos de “asesoramiento técnico” que, en realidad, ocultaban sobornos», concluyó.