El Gobierno controlará planes de empleo que se entregan a dirigentes sociales

El Gobierno controlará planes de empleo que se entregan a dirigentes sociales

El Gobierno Nacional avanza en auditorías sobre los sindicalistas, con una larga serie de medidas contra la corrupción en los diferentes gremios y ahora prepara un plan con el objetivo de controlar la entrega de los planes de trabajo a organizaciones sociales y reducir el manejo de los dirigentes sociales en estos programas, los cuales son recibidos por más de 260 mil beneficiarios. Esta medida gubernamental surge tras un año de conflicto permanente con el sector, pese a la fuerte inversión del Gobierno en el tema social, y por el malestar generado en la Casa Rosada como consecuencia de los piquetes y protestas contra la Administración de Mauricio Macri en las calles. El plan del Poder Ejecutivo consiste en el aumento de la cantidad de centros de capacitación y formación profesional a los que asisten los beneficiarios de planes sociales, como por ejemplo «Argentina Trabaja», «Ellas Hacen» y «Desde el Barrio». Las personas incluidas deben participar de los cursos para cobrar $ 4.430 mensuales. En la práctica esto significa un recorte del poder para los jefes de las asociaciones sociales en el manejo de las planillas de asistencia: mientras que desde el Gobierno creen que estas planillas se usan para obligar a los beneficiarios a participar de las protestas y que, caso contrario, los hacen figurar como «ausentes». El objetivo de la medida del Gobierno pasa por ampliar la oferta de las formaciones a una mayor cantidad de institutos primarios, secundarios y terciarios, y que además puedan elegir a qué lugar asistir para capacitarse. Inicialmente la estrategia gubernamental había pasado por establecer un diálogo fluido con las organizaciones, con gran participación de la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y sus funcionarios. Las cosas no anduvieron del todo bien y hubo clima espeso pese a que la Casa Rosada accedió a ciertos reclamos de los dirigentes sociales, tal el caso de la Ley de Emergencia Social, a la que el Gobierno se había resistido en un principio por su alto costo ($ 30 mil millones adicionales en materia social). Esta medida había sido reclamada por los dirigentes más combativos como el jefe de la CTEP Juan Grabois (de estrecha relación con el Papa Francisco), el líder de Barrios de Pie Daniel Menéndez y el de la CCC Juan Carlos Alderete. Desde el Gobierno han dicho que hay unanimidad de criterios para avanzar. El presidente de la Nación, en la primera reunión de Gabinete del año, se pronunció a favor de seguir esta línea. «Como pide el Papa, hay que insistir con la cultura del trabajo», dijo el Presidente a sus ministros, y luego agregó: «Solo generando empleo de calidad se va a poder reducir la pobreza y garantizar la igualdad a todos los argentinos».