El IOMA realizó una denuncia judicial por irregularidades

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) realizó una denuncia judicial por «irregularidades detectadas durante la gestión» del gobernador Daniel Scioli, entre las que se encuentran sobreprecios y facturaciones a afiliados fallecidos que podrían alcanzar los 380 millones de pesos anuales, informó hoy la obra social del Estado bonaerense. La presentación la realizó el presidente del organismo, Sergio Cassinotti, ante la UFI 8 de delitos complejos a cargo del fiscal Jorge Paolini. «Gracias a una exhaustiva auditoría interna encarada por las nuevas autoridades se pudieron encontrar ilícitos en el pago de sobreprecios por medicamentos, prótesis y ortesis, facturación por internación domiciliaria a pacientes fallecidos, compra de equipamiento electrónico nunca entregado y un manejo oportunista en el negocio de los recursos de amparos», precisó el IOMA en un comunicado. “Tal como me solicitó la gobernadora María Eugenia Vidal al momento de asumir, estamos trabajando para sanear la obra social, recuperarla de muchos años de abandono y volver a brindar el servicio de calidad y transparencia que se merecen nuestros dos millones de afiliados”, expresó Cassinotti. El titular del organismo afirmó que las presuntas irregularidades halladas se entienden como “una mezcla de desidia y corrupción instalada, falta de gestión y ausencia de controles cruzados que sólo pudo ser posible con el paraguas de quienes gestionaban anteriormente el Estado provincial”. De acuerdo a la denuncia, se pagaron más de 36 millones de pesos anuales por medicamentos comprados a través de amparos o por urgencia, en cuyos casos se abonó entre el 25% y el 30% más de su valor. Además, siempre según la presentación judicial, hubo facturas por internación domiciliaria a pacientes fallecidos y a otros afiliados a quienes no se les brindó la atención. Además, el IOMA informó que se rescindió el convenio que existía para la compra de prótesis y se retomó la adquisición directa, lo «que representa un recupero para el Estado de 200 millones de pesos anuales». El organismo provincial también detalló que hubo «compras fraguadas» en ortopedia, como también «ítems con sobreprecios entre 2 y 3 veces más caros». Además «se detectó que un stock de 103 computadoras figuraba como recibido en noviembre de 2015, ingresado a patrimonio y enviado al pago sin haber ingresado a la obra social».