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La serie de fotos posteadas en Facebook no tiene nada raro, al menos no en un principio: Daniel S., un hombre de ojos claros, corpulento y un poco panzón, se entierra de la cintura para abajo en la arena de una playa del océano Atlántico argentino. Su pareja está junto a él, con la hija de ambos, una niña, muy parecida a su mamá. A Daniel S. también lo rodean sus suegros, los padres de su pareja, que acaban de pescar una raya, la sostienen de la cola, ya muerta. La cuñada de S., una adolescente, también posa y sonríe en una selfie. «Hermosa familia», comentan los vecinos en el álbum. Las fotos, esta escena argentina entre arena oscura y barrosa, data de fines de diciembre de 2015. Y hay algo en la matemática que está mal, completamente mal.
Sandoval, un albañil de la ciudad bonaerense de Coronel Suárez, a casi 200 kilómetros de Bahía Blanca, tiene 48 años al momento de estas fotos. M., su pareja, la madre de su hija, 16. La hija de ambos, tres.
M. ya no estudiaba hacía tiempo para ese momento: había dejado de ir a la secundaria tras quedar embarazada del albañil con apenas 14 años de edad. El vínculo había empezado dos años antes, cuando ella tenía 12. Con el tiempo, M. se convirtió en su sirvienta de limpieza y su sierva sexual, con una hija en el medio, detrás de fotos en un perfil de Facebook feliz. M. les decía otra cosa a los vecinos y sus familiares, que era la mujer del albañil aunque nunca estuvieron legalmente casados: no veía nada malo en su relación, al menos, no desde su perspectiva.
Sus padres no tenían ningún problema con que su hija tuviese un bebé de un hombre 30 años mayor. El albañil y Mauricio, padre de M., se conocían bien desde hacía tiempo: Daniel S. le había prestado plata para que se pagara un abogado luego de caer detenido por el delito de abigeato, robo de ganado. María Luján, esposa de Mauricio, la madre de M., se había opuesto a la relación en un momento. Radicó una denuncia contra S. por abusar sexualmente de su hija en la Comisaría de la Mujer local en marzo de 2014. La denuncia quedó en nada: todos posaban juntos en la playa un año después.
Sandoval tenía otros nueve hijos además de su hija con M.: era bien conocido en Coronel Suárez como árbitro de fútbol local, tenía fama de sheriff, había salido en un diario de la ciudad en abril de 2013 tras echar a tres jugadores de un equipo zonal en un solo partido. Los trabajadores sociales de Coronel Suárez lo conocían bien también, lo tenían por un hombre «difícil, violento», con denuncias previas de su anterior núcleo familiar, de sus otros hijos, por golpearlos con objetos contundentes y amenazarlos armas de fuego.
Y después estaba la cuñada, Y., la hermana menor de M., adolescente, hoy a punto de cumplir 18 años, que detestaba a Sandoval, que le huía y le temía.
El 7 de abril de este año, una mujer que decidió permanecer anónima llamó a la línea 145, el teléfono gratuito de contacto del Programa Nacional de Rescate de víctimas de trata: dio el nombre de M., los nombres de sus padres, el de Daniel S. Dio, finalmente, otro nombre más: el de Ramón Singer, «El Yoni», «El Rey», de poco más de 50 años, hábil pescador de dorados, una de las cabezas de la comunidad gitana en Coronel Suárez y un jugador fuerte en el negocio de la compra y venta de autos usados con una concesionaria que lleva su apellido.
El delito del que hablaba la mujer en la llamada era monstruoso: los padres de M. e Y. habrían vendido a sus hijas a Daniel S. y al «Rey», ya desde la temprana adolescencia de ambas. ¿La excusa?: Mauricio y María Luján saldarían deudas, que supuestamente los estrangulaban, con los cuerpos de sus hijas menores. El trato por M. ya estaría cerrado; el negocio por Y. se consumaría en pocos días cuando cumpliese los 18 años. El presunto precio por la vida y la libertad de su segunda hija: $50 mil y dos camionetas.
Otras versiones indicaban que Mauricio, mecánico de oficio, habría recibido una golpiza de manos de gitanos por haberse arrepentido de vender a su hija tras recibir los primeros pagos en cuotas. El 14 de abril, una semana después de la primera, la línea 145 recibía otra denuncia. Y. estaba en peligro firme. La joven le había contado a alguien de su más absoluta confianza que sus padres «ya la habían vendido a los gitanos»: en pocos días, cuando cumpliera 18 años de edad, unos desconocidos la pasarían a buscar por la puerta de su escuela.
La semana pasada, Daniel S., Mauricio, María Luján y «El Rey» Singer fueron procesados con prisión preventiva por la jueza federal María Gabriela Marrón, con despacho en Bahía Blanca. Las denuncias de la línea 145 llegaron al fiscal Horacio Azzolín, que ordenó tareas a la División Trata de Personas: Azzolín logró detener a los padres, al árbitro de fútbol y al empresario gitano y liberar a las hermanas, que recibieron custodia policial. Daniel S. fue procesado por el delito de abuso de menores: los padres de M. fueron considerados por la jueza Marrón como sus partícipes necesarios.
Los padres de las jóvenes y S. se negaron a declarar en un principio: «El Rey» solo reconoció que conocía al albañil y a «su mujer» por haber compartido algún asado y por la compra-venta de una camioneta. Los padres y el árbitro luego fueron citados a ampliar sus indagatorias por el fiscal Azzolín. Finalmente hablaron un poco más. María Luján negó conocer a Singer y aseguró que denunció a Daniel S. por abuso. Mauricio también negó conocer a Singer: admitió deberle plata y que «tuvo que aceptar la relación» entre su hija M. y el árbitro cuando quedó embarazada.
Lo que dijo Daniel S. fue mucho más inquietante. Admitió que conoció a M. cuando tenía «13 o 14» pero parecía de «18 o 19» y que a Singer lo conoce por haberle comprado un vehículo una vez. Negó, por otra parte, cualquier relación sexual «no consensuada» con M. En su cálculos, embarazar a una adolescente de 14 no parecía estar del todo mal.
Hubo cinco testigos de identidad reservada que declararon ante la Justicia federal de Bahía Blanca. Uno de ellos señaló a «El Rey» como presuntamente «metido» en «todo lo que es el tráfico de chicas» y que «miembros de la comunidad gitana siempre hacen contratos escritos por venta de chicas… se entregan vehículos y dinero. Las mujeres son vendidas para explotarlas laboral o sexualmente o para contraer matrimonio forzado».
La historia de M. surgió a través de sus relatos de los testigos: Daniel S. ya era amigo de sus padres cuando ella tenía 12 años y él 46, se acercaba con regalos, con un «primer beso» a los 12 y una primera relación sexual a sus apenas 13. «Primero él se cuidaba con preservativos, pero después no», asevera el relato en la causa. Los padres de la joven, hoy de 19 años, «apoyaron muchísimo» el vínculo.
M. comenzó a convivir con el albañil tiempo después del primer contacto sexual, de acuerdo al relato. Con el tiempo llegó la bebé. M. abandonó la secundaria. El árbitro y albañil era el señor del hogar, administraba la plata y el permiso. M. rara vez salía, quizás sola por la tarde, perdió a los amigos que tenía. No creía ser «víctima» de abuso sexual, aseguraba en privado, según la causa, que había perdido «todo», «su adolescencia».
La madre de M., según declararon trabajadores sociales de la Municipalidad de Coronel Suárez, había denunciado al supuesto abusador de su hija «a instancia del organismo municipal.» M. regresó por un tiempo a la casa de su familia, las trabajadoras sociales intentaron que la joven tome conciencia sobre la situación de presunto abuso. Una psicóloga atendió a la joven, el informe posterior aseguró que ella «no parecía reconocer la ilegalidad de su relación ni comprender lo influenciable que es una niña de 13/14 años ante un hombre mayor.» Para M., todo aparentaba ser normal.
M. volvió a vivir con Daniel S. poco después de la presentación en la Comisaría de la Mujer. El albañil aseguró en su indagatoria que su propia suegra levantó la acusación en su contra. Una de las hijas mayores del albañil habló de amenazas de los padres de M. a su hija, de privaciones de comida, de coacciones y maltratos psicológicos, de promesas de retenerle la Asignación Universal.
Hubo otras causas en contra de Daniel S.: una en junio de 2014 en la UFIJ N°14 dedicada a investigar delitos sexuales, otra que comenzó en la Estación de Policía Comunal de Coronel Suárez un mes después. El albañil fue visto amenazando a trabajadoras sociales, aseguró supuestamente que «no tenía problemas de matar a alguno».
Daniel S. no fue únicamente imputado por abusar durante siete años de la madre de su hija: Y., la hermana de M., tenía motivos suficientes para odiarlo y temerle. La Justicia también lo procesó por abusar de su cuñada.
Varios testigos de identidad reservada detallaron lo que Y. habría padecido a manos del padre de su sobrina, más de 30 años mayor que ella, al menos desde sus 12 años de edad, la misma edad que tenía su hermana cuando Daniel S. comenzó su vínculo con M. El hombre tocaba a su cuñada preadolescente «debajo de la mesa».
Uno de los testigos aseguró que conoció a Y. el año pasado, que la joven comenzó a contarle por WhatsApp los «problemas con un hombre adulto y casado, era su cuñado, Daniel S.». El testigo ya conocía al árbitro y albañil: ya lo había «intentado denunciar con identidad reservada en la Comisaría de la Mujer en Coronel Suárez por violencia y maltrato físico a uno de sus hijos».
El testigo luego contó cómo una vez Y. escapó de Daniel S., para correr hacia una comisaría local: el albañil habría intentado retirarla diciendo que era «su padre». Los propios padres de Y. llegaron poco después. Habló de una supuesta denuncia hecha por Y., de un hostigamiento sostenido de Daniel S. y sus propios padres para que la levante, de una pistola apuntada a la cabeza de la menor, de hombres de la comunidad gitana que aparecían en su escuela.
«Y. tenía miedo, no sabía cómo dejar de tener miedo… Sus padres le habían dicho que habían cometido un error al vender a dos de sus hijas… Parecía que Daniel S. quería separarse de M. y quedarse con Y.», aseguró. La más joven de las hermanas, según este testigo de identidad reservada, le aseguraba desde su teléfono: «Qué mal quedaría contar todo esto, qué vergüenza». Voces oficiales hablaron de que la más joven de las hermanas buscó «ayuda en instituciones del Estado», sin tener éxito.
Una psicóloga que la entrevistó afirmó cómo la joven le contó que Daniel S. «la perseguía en su camioneta… la acosaba, perseguía y mandaba mensajes con amenazas». Las especialistas del Programa de Rescate hablaron de un problema mayor en sus testimoniales, donde las hermanas son tan solo dos ejemplos, «una ciudad» que «naturaliza situaciones de asimetría y violencia propias del sistema patriarcal vigente, sistema que cosifica a mujeres y niñas, habilitando a los varones adultos a elegir, cual si fueran un objeto, como ’pareja’ a niñas…».
Y. hoy permanece en un refugio con ubicación secreta tras ser rescatada. Ramón Singer, «El Rey», quedó detenido en un hospital por problemas de salud: fue embargado por $200 mil en concepto de responsabilidad civil. Su caso no es el único que involucra a supuestas ventas de niñas en la comunidad gitana bonaerense en tiempos recientes. Leonardo Castillo, también miembro de la comunidad, fue detenido en diciembre pasado tras una investigación de la fiscal Laura Mazzaferri, acusado de intentar vender a la hija de un año de su pareja por 50 mil pesos.
