El Senado debate cambios a la ley del arrepentido

El Senado de la Nación debatirá este miércoles modificaciones al proyecto de ley de la figura del arrepentido, iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo como parte de un paquete de leyes anticorrupción, que deberá volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados debido a los cambios introducidos al proyecto original. Luego de dos meses de audiencias de debate en la comisión de Justicia y Asuntos Penales, a la que concurrieron expertos en seguridad y derecho penal, los senadores, con amplio consenso en todos los bloques, resolvieron tratar la iniciativa en el recinto pero con algunos cambios. Entre las modificaciones se establece que el acusado sólo podrá brindar información que debe resultar veraz, como «arrepentido», hasta el momento en que la Justicia decide elevar a juicio oral la causa por la que está investigado. También se determina que el imputado deberá denunciar delitos de los que haya participado y su confesión deberá ayudar a condenar a personas con similar o mayor responsabilidad. Con la incorporación de estas modificaciones al proyecto que vino de Diputados, de ser aprobada este miércoles en el recinto del Senado, la iniciativa deberá volver en segunda revisión a la Cámara baja, adonde pueden aprobar los cambios o insistir con la texto original para su sanción definitiva. En tanto, el Senado tiene previsto convertir este miércoles en ley la creación de la figura de “flagrancia” cuando el autor de un delito es aprehendido en el momento de cometerlo. Esta figura se podrá utilizar para aquellos ilícitos con penas menores a quince años y el objetivo es que se realicen juicios abreviados y con una rápida condena. Por otro lado, la Cámara alta convertirá en Ley el proyecto que crea una Agencia de Información Pública ante la cual cualquier persona tendrá el derecho a solicitar y a recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz. En este caso, se creará la Agencia de Acceso a la Información Pública a través de la cual los ciudadanos podrán requerir información a todos los poderes del Estado, así como al Legislativo y al Judicial.