Guatemala juzgó y condenó a militares por violencia sexual como delito de guerra

«Fue un juicio histórico importante para las mujeres de Guatemala por el tipo de delito que se estaba juzgando. Se consideró a la violencia sexual como delito de guerra y esto marca un precedente en el país y en otros países que también están llevando la lucha por la violencia sexual, como Colombia y Ruanda», dijo a Télam Cristina Chiquin, reportera y fundadora de la agrupación Mujeres Ixchel que desde hace años intenta mediante el fotoperiodismo «visibilizar voces de mujeres». $(document).ready(function(){ Galleria.loadTheme(«/js/galleria/themes/twelve/galleria.twelve.min.js»); Galleria.run(«.galleria»); }) «Que un tribunal común lo haya llevado es muy importante para reflejar los vejámenes vividos durante la guerra pero por sobre todo para mostrar cómo vivieron las mujeres esa guerra», agregó. Durante el conflicto interno en Guatemala, el destacamento militar Sepur Zarco sirvió como un centro de descanso para el ejército, y fue a la vez, el epicentro de delitos contra las mujeres de la comunidad maya q’eqchi’s. Esclavitud sexual, violaciones, desapariciones forzadas de sus esposos e hijos, malos tratos, discriminación, así como la pérdida de sus viviendas, fueron algunas de las vejaciones por las que fueron sometidas estas mujeres ente 1982 y 1986. Más de 30 años después, tras una larga lucha y el firme acompañamiento de organizaciones sociales, un tribunal ordinario decidió darle lugar a la demanda y juzgar al teniente coronel retirado Esteelmer Francisco Reyes Girón y el ex comisionado (colaborador civil) del Ejército Heriberto Valdéz Asij por considerar que hicieron con sus actos «un daño irreparable» a «toda una población», y tras 26 días de juicio, los condenó por asesinato, violación, abuso sexual, servidumbre doméstica y secuestro. El tribunal hizo énfasis en los testimonios de las sobrevivientes, que fueron grabados como prueba dos años antes de esta audiencia, y presenciados el día de la condena por todos las víctimas y los dos culpables. «La condena amplió el delito de genocidio, se abrió la causa exclusivamente por esclavitud y violencia sexual y esa es la diferencias con el resto de los casos», agregó Chiquin, quién inmortalizó todo el juicio mediante una cobertura fotográfica que captó manos apretadas, ojos llorosos y un grupo de mujeres esperando justicia. Las «abuelas de Sepur Zarco», como les llaman por haber alcanzado ya los 70 años, asistieron a las audiencias tapando sus rostros con pañuelos. Lo que podía llegar a interpretarse como un gesto de vergüenza ante tantas humillaciones en realidad escondía una realidad más oscura: se taparon por miedo. «Se cubrieron el rostro por seguridad, porque muchos de los que cometieron estos crímenes están por ahí. Cuando dieron la sentencia apenas se destaparon pero dentro de la audiencia no lo hicieron», comentó. «En una sociedad en la que hay tantos delitos contra las mujeres todavía hay mucho estigma. Se sigue culpabilizando a las mujeres», explicó Chiquin, tras remarcar que la defensa de uno de los acusados dijo durante el juicio que las mujeres «se prostutian» y que por eso no era esclavitud sexual. Aunque subrayó que aún permanece en Guatemala una «visión patriarcal», remarcó que estas mismas mujeres «lograron romper con el estigma social de que la violencia sexual inmoviliza los cuerpos de las mujeres y a las mujeres». «Que ellas rompieran el silencio y llevaran a un juicio rompe con ese estigma», celebró. El proceso es histórico, además, porque muestra que hubo un plan en el que la violencia sexual fue una herramienta. «Los cuerpos eran objeto de guerra, se reconoció que se usaba la violencia sexual para lograr la aniquilación de lo que consideraban sus enemigos», reflexionó. En ese sentido, Paula Barrios, representante legal de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), una de las tres organizaciones querellantes que le dio acompañamiento a las víctimas, señaló que la sentencia fue importante porque recogió las «formas» en las que se cometieron esos delitos, «las cir