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Hay antecedentes de que el terrorismo de Estado se inició antes que la dictadura
Hay antecedentes de que el terrorismo de Estado se inició antes que la dictadura

Hay antecedentes de que el terrorismo de Estado se inició antes que la dictadura

El comienzo del terrorismo de Estado antes del golpe, como su antesala, estuvo también presente en juicios anteriores que llegaron a sentencia y es la característica saliente del debate en curso de la megacausa del Operativo Independencia y de dos causas contra integrantes de la CNU, la de Mar del Plata y la de La Plata. Luciano Benjamín Menéndez, quien con la sentencia de este jueves llegó a 14 condenas, 12 a prisión perpetua, recibió una de esas máximas penas en un juicio que se desarrollo entre octubre y diciembre de 2009 y que acumuló tres causas, una de las cuales fue por el secuestro de Raúl Ernesto Morales consumado el 22 de marzo de 1976, dos días antes del golpe. El Tribunal del juicio de 2009, que como el de esta semana presidió el juez federal Jaime Díaz Gavier, señaló en los considerandos de aquella sentencia que el terrorismo de Estado “imperaba en nuestro país aún con anterioridad al golpe del 24 de Marzo de 1976”. En este sentido, señaló que en 1975 comenzó la llamada “lucha contra la subversión” y que en Córdoba la encarnó Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército, con el “control operacional” sobre los “diversos organismos militares, policiales y de seguridad” para una represión que se valió de “métodos atroces e ilegales”. Siempre según el mismo Tribunal, “las estructuras y engranajes represores que ya actuaban antes del golpe militar de marzo de 1976, adquieren dimensiones inusitadas (con la dictadura), transformando así a cada ciudadano en potencial enemigo del sistema, y cristalizándose de esta manera, una verdadera cacería humana sin precedentes en la historia de este país”. Un enfoque similar se advierte en la sentencia del Tribunal Oral Federal de Salta que el 31 de marzo de 2014 condenó a 15 represores, incluidos jefes del Ejército, por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa provincia a partir de 1975. En los fundamentos del fallo condenatorio, el TOF sostuvo que “el sistema represivo articulado en el plano nacional se instauró” con el golpe de 1976, pero “dicho sistema comenzó a diagramarse y desarrollarse mucho tiempo antes”, en Salta desde 1974, con el derrocamiento del gobernador Miguel Ragone. También señaló que el decreto presidencial del 5 de febrero de 1975 que dio inicio al Operativo Independencia en Tucumán extendió la creciente “autonomización de las fuerzas militares” en la represión “al noroeste del país”, con la consecuencia de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura pero también previos al golpe. Entre estos últimos, juzgó a los responsables de los secuestros y asesinatos de Eduardo Fronda, militante del Frente Revolucionario Peronista, cuyo cadáver acribillado fue hallado el 8 de enero de 1975 en el departamento salteño de La Caldera, y del periodista Luciano Jaime, secuestrado cuando salía del diario El Intransigente donde trabajaba, el 12 de febrero de 1975, y cuyo cuerpo sin vida apareció dos días después. La sentencia señaló la participación en ambos crímenes de las policías Provincial y Delegación Salta de la Federal que ya “operaban en esta provincia eliminando a las personas contrarias al régimen político en vías de instauración, sin perjuicio de que no pueda descartarse la intervención de otras fuerzas de seguridad o militares”. Por otra parte, el 19 de febrero de este año llegó a sentencia con cinco condenados el juicio contra integrantes de la organización terrorista paraestatal Triple A, que secuestró, atentó y asesinó antes del golpe de estado de 1976. Este juicio se realizó en el marco del viejo Código de procedimientos penal, por lo tanto como un proceso escrito (a diferencia de los restantes juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad) y ante un solo juez, en este caso María Romilda Servini. En la sentencia, la jueza sostuvo que la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) “fue proyectada, materializada, financiada y conducida por agentes públicos, más precisamente por un ministro de la Nación”, en referencia a José López Rega. “El delito que aqu

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