La fiscalía de Brasilia archivó la acusación contable y Rousseff se beneficia

La fiscalía federal brasileña concluyó este jueves que el llamado «maquillaje fiscal» no configura delito, con lo cual archivó la investigación abierta sobre el llamado crimen de responsabilidad de la mandataria suspendida, Dilma Rousseff, sometida por este asunto a un juicio político ante el Senado. La decisión fue del fiscal Ivan Marx, de Brasilia, quien, así, derrumba uno de los argumentos del juicio político abierto contra Rousseff en diciembre, las llamadas «pedaleadas fiscales» que según sus acusadores se valieron de créditos públicos para hacer frente a gastos sociales. «La fiscalía dio una prueba más de que hubo un golpe contra la presidenta electa Dilma Rousseff», dijo el Partido de los Trabajadores en un comunicado emitido como primera reacción al dictamen. El asunto tratado por el fiscal fue el Plan Zafra 2014, un programa de incentivo a agricultores y pequeños empresarios que se valió del «maquillaje fiscal». El fiscal va en contra de la línea de los acusadores de Rousseff, que consideran que ella violó la ley de responsabilidad fiscal porque para hacerle frente a este costo había usado créditos de la banca pública, generando pérdidas a las entidades. En opinión del fiscal, hubo una morosidad en pagarle a los bancos públicos pero no créditos, por lo cual no se afectó a la ley, aunque Marx sugiró abrir una investigación para determinar si estas acciones tienen fines electorales. «Lo que hubo fue una simple morosidad contractural sin que se trata de una operación de crédito», dijo. El fiscal sostuvo que desde 2000 todos los gobiernos hacen el mismo mecanismo sin ser sancionados por el Tribunal de Cuentas de la Unión. «Lo que es más curioso es que este delito siga siendo practicado, incluso en el instante en que estas letras están siendo escritas. Eso porque el Tribunal de Cuentas no determinó ninguna medida para su corrección», añadió. Esta decisión del fiscal va en contra de la postura asumida por la abogada Janaina Paschoal, contratada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) que acusa a Rousseff de haber incurrido en delito de responsabilidad, una demanda a la cual en diciembre le dio curso el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Cunha, aliado del vicepresidente Michel Temer, llevó adelante el juicio político y el 12 de mayo el Senado votó a favor de la suspensión de Rousseff del cargo. Con Temer como vicepresidente interino y rebelde con respecto a su compañera de fórmula, Rousseff se negó a renunciar y ahora enfrenta el juicio político que deberá ser retomado en agosto, luego de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016. La mandataria juntó unos 250.000 dólares en una «vaquita virtual» de Internet para recorrer el país y denunciar la existencia de un «golpe» en actos políticos en los cuales deberá presionar a senadores a votar por su permanencia en el cargo. Para destituirla, el Senado necesita de 54 votos, dos tercios de los 81 legisladores. El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que para evitar la destitución de Rousseff se necesitan 27 votos, pero hasta ahora el PT ha conseguido 21. La mandataria anticipó que una de sus estrategias para intentar regresar al gobierno es prometer la realización de un plebiscito para una reforma política y anticipación de elecciones. Según los cálculos de Eliseu Padilha, jefe de gabinete de Temer, Rousseff será condenada y destituida con entre 59 y 60 votos. Rousseff sostiene que las maniobras contables en el presupuesto son un argumento para que Temer y el PMDB puedan trabajar en contra de la investigación por corrupción de la Operación Lava Jato y aplicar el plan económico derrotado en las urnas en 2014.