La UE alcanza un polémico acuerdo con Turquía para blindarse contra refugiados

Reunidos en Bruselas y desesperados por el aluvión de refugiados, los líderes europeos pasaron por alto una reciente ofensiva del gobierno turco contra la prensa opositora y tampoco dudaron en aceptar la deportación de sirios, pese a venir de un país en guerra y a su derecho de pedir asilo para recibir protección internacional. La organización Amnistía Internacional (AI) dijo que el principio de acuerdo es «inhumano» y presenta «defectos morales y legales», mientras que el organismo de la ONU para los refugiados (Acnur) dijo que el plan viola las leyes europeas e internacionales. «La expulsión colectiva está prohibida por la Convención Europea de Derechos Humanos, y un acuerdo que parece que establece la expulsión directa de extranjeros hacia un país tercero no es consistente con la legislación europea ni con la legislación humanitaria internacional», dijo el responsable europeo de Acnur. El funcionario, Vicent Cochetel, puntualizó que aún se desconocen las garantías que se aplicarían previamente a la expulsión, aunque mostró su estupefacción por el hecho «de que la Unión Europea establezca un acuerdo con un país tercero que tiene menos garantías que uno entre naciones comunitarias». AI, por su parte, dijo en un comunicado que la «preocupación persistente» por enviar a la gente de vuelta a Turquía en vez de «hacer esfuerzos incondicionales sobre la reubicación» y ofrecer otras formas seguras y legales para Europa, muestra una actitud «alarmante y miope». Los líderes se centraron así en un nuevo plan para motivar la cooperación con la UE que el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, puso ayer sorpresivamente sobre la mesa durante una cumbre entre los jefes de Estado y Gobierno del bloque europeo y el jefe de gobierno de Turquía. La cumbre en Bruselas era considerada una de las últimas oportunidades de la UE para acordar una estrategia a largo plazo que le permita lidiar con la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 135.000 personas llegaron a Europa en lo que va de 2016 tras cruzar desde las costas turcas a Grecia, que se suman al 1,1 millón de migrantes, en su mayoría refugiados de guerra de Siria, Irak o Afganistán, arribados el año pasado a un continente desbordado y por momentos enfrentado por el aluvión. Desesperada, la UE quiere que Turquía, que ya alberga a 2,7 millones de refugiados sirios, la ayude a detener a los migrantes antes de que lleguen las islas griegas, y a fines del año pasado se comprometió a darle 3.000 millones de euros y a liberalizar los visados para los turcos para octubre próximo. Sin embargo, durante las discusiones con los jefes de Estado y de gobierno europeos, Davutoglu solicitó ayer 3.000 millones de euros adicionales, en sucesivos aportes hasta 2018, y adelantar la liberación de los visados para los ciudadanos turcos para junio. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y Davutoglu ya habían acordado la semana pasada que Turquía aplicaría el acuerdo bilateral de readmisión con Grecia para todos los inmigrantes que no necesiten protección internacional, así como para aquellos interceptados en aguas turcas. De ahí que las nuevas propuestas turcas tomaron con la guardia baja a algunas delegaciones, como a la sueca, que dijo no tener el mandato para tomar una decisión sin consultar con su parlamento nacional. Ello, sumado a la oposición de Hungría y de los demás miembros del grupo de Visegrado -República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría- sirvió para impedir cerrar este capítulo hoy. La canciller alemana, Angela Merkel, negó que el plan turco haya sido redactado en realidad por una mano germana, al asegurar que «es exclusivamente de Turquía», al tiempo que desvinculó la iniciativa de las elecciones regionales que se celebran el domingo en su país. Sin embargo, fuentes europeas admitieron que las nuevas ideas turcas fueron cocinadas en un pequeño comité entre Davutoglu, la propia Merkel, y el primer ministro holandés, Mark Rutte, cuyo país ocupa la presidencia de