Lázaro Báez y su contador seguirán presos por decisión de la Cámara Federal

La decisión recayó también sobre su contador Daniel Perez Gadín, en un fallo en el que se advirtió que los delitos que se investigan habrían sido perpetrados «al amparo de las estructuras de poder en torno al Estado». «Debe reconocerse que nos hallamos en presencia de delitos que se denunciaron como llevados a cabo al amparo de las estructuras de poder en torno del Estado», afirmaron en su fallo unánime los camaristas de la sala II Eduardo Farah, Horacio Cattani y Martín Irurzun. Los jueces entendieron que tanto Báez como su contador Daniel Pérez Gadín deben seguir presos por existir riesgo de fuga, de entorpecimiento de la investigación y por la magnitud del monto dinerario en juego aún no recuperado por el Estado, según el fallo al que accedió Télam. En el fallo se remarcó que Báez amasó su fortuna multimillonaria «en los últimos 15 años» luego de haber renunciado a un puesto que tenía como empleado en relación de dependencia en el Banco de la Provincia de Santa Cruz y obtenido con su empresa la mayor parte de la obra pública durante el gobierno kirchnerista. «No puede ignorarse que según se imputa en el caso esas posibilidades económicas fueron gestadas a partir de haber conformado un grupo empresarial que arribó a su importante posición patrimonial a partir de haber resultado beneficiario de la contratación de la mayor parte de la obra pública de la provincia de Santa Cruz», remarcó el Tribunal. Ante esta decisión, Báez y Perez Gadín seguirán presos en la cárcel de Ezeiza a la espera de que el juez de la causa, Sebastián Casanello, resuelva su situación procesal. «Existe la posibilidad de que se fuge en caso de recuperar su libertad», advirtieron los jueces al rechazar la apelación de las defensas contra la decisión de Casanello de negar la excarcelación. El Tribunal de Apelaciones aludió a la «dilatada» investigación de la causa que involucra a Báez, a su hijo Martín, a Perez Gadín, a Leonardo Fariña y Federico Elaskar, entre otros. Y advirtió que desde el inicio los Báez cometieron maniobras para entorpecer la pesquisa o direccionarla. También aludió a la gravedad de los delitos que se le imputan a Báez, que prevén hasta diez años de prisión y a puntos en común entre esta causa y otra en la que se investiga a la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner, como Hotesur. «No puede perderse de vista el monto involucrado y no recuperado aún que demuestra, en principio, la disposición de dinero con la que cuenta el grupo –más particularmente el imputado-, con la consiguiente posibilidad de manejar mayores relaciones económicas e influencias, también en distintos países», advirtieron los camaristas. Además consideraron que el hecho por el que Casanello indagó, la filmación en La Rosadita donde su hijo y otros imputados contaban unos cinco millones de dólares, «no es el único ni abarca todos los supuestos» de este «dilatado proceso». «Como ya le ha señalado recurrentemente este Tribunal al Juez, la investigación no puede enfocarse en cuestiones aisladas, de menor envergadura», agregaron los camaristas. Báez fue detenido por orden de Casanello el 5 de abril pasado luego de arribar en un avión privado desde Santa Cruz al aeródromo de San Fernando, que según el juez carecía de plan de vuelo y ante el riesgo de fuga. Idéntica medida se ordenó para su contador Pérez Gadín.