Milagro Sala se negó a declarar ante la Justicia

Milagro Sala fue conducida ante el juez de Control Nº 3, Gastón Mercau, ante quien se abstuvo de declarar en el marco de la causa en la que es investigada por supuesto «fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión». En el marco de un fuerte operativo de seguridad, la referente de la Tupac Amaru fue trasladada esta tarde desde la Unidad Penal de Mujeres del barrio Alto Comedero, en Jujuy, hasta la sede de los Juzgados de Control, ubicados en calle Urquiza, cuyas adyacencias permanecieron cortadas al tránsito por alrededor de una hora. De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, Sala fue notificada por el juez Mercau sobre las causas de imputación por los delitos que se la acusa: “fraude a la administración pública”, “asociación ilícita” y “extorsión”, y designó su abogado, Luis Paz. Posteriormente, ante una consulta formal del juez, Sala “se abstuvo de declarar amparada en sus derechos constitucionales”, informaron allegados a Télam. Cumplida esta instancia judicial, la dirigente regresó al penal de Alto Comedero en la que permanece detenida. Si se suman los días en los que estuvo detenida en la Seccional 49 de barrio Los Huaicos y los que permanece en el penal, son 17 las jornadas en que Sala lleva presa. Primeramente se la imputó por los delitos de “Instigación a cometer ilícitos” y “tumultos”, por el acampe que lleva 50 días en la plaza Belgrano, de San Salvador de Jujuy, pero se resolvió su excarcelación el viernes pasado. Su abogado, Luis Paz presentó ese mismo día un pedido del cese de la detención por esta nueva causa y ofreció «caución juratoria y/o real» en un escrito en el que subrayó que «no perturbará la investigación en el proceso y no entorpecerá la prueba», pero la medida fue denegada por la justicia. Por otra parte, el fiscal de Estado Mariano Miranda informó hoy que el Gobierno de Jujuy se presentó como querellante en la causa que mantiene detenida a Sala. Según Miranda, se habría utilizado a las cooperativas de trabajo para el cobro de recursos nacionales destinados a obras que nunca se realizaron. “Como querellantes hemos solicitado algunas medidas probatorias a los fines de acreditar todo lo denunciado la semana anterior”, precisó el magistrado.