Obra pública K: Casanello envió la investigación a Ercolini

El juez federal Sebastián Casanello se declaró hoy incompetente en la investigación sobre el origen del dinero proveniente de la obra pública de Lázaro Báez y remitió esa parte de la causa a su colega Julián Ercolini, quien ya citó a indagatoria al empresario y la expresidenta Cristina Kirchner por presunto fraude al Estado. De esta manera, Casanello conservará en su Juzgado la pesquisa vinculada al lavado de activos donde Báez ya tiene dos procesamientos, mientras que se desprende de lo relacionado al presunto direccionamiento de las licitaciones y el reparto de obra pública. Casanello hasta el momento dictó dos procesamientos contra Lázaro Báez por lavado de dinero: en un entendió que el «dinero sucio» era proveniente de la utilización por parte del empresario de facturas apócrifas, en tanto que el segundo hecho se refirió al ingresó de dinero proveniente de Suiza a través de la compra de la financiera SGI. Pero hasta el momento como delito precedente del lavado de dinero nunca se había señalado la corrupción por los presuntos negocios entre Báez y el kirchnerismo en torno a la obra pública, algo que ahora sí queda bajo la lupa en la causa de Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita. Con esta medida, Casanello hizo lugar al pedido del fiscal Guillermo Marijuan para que se remita al juez Ercolini «la parte de la causa conectada con la investigación sobre la obra pública» asignada durante el Gobierno de Cristina Kirchner y por la que ya fue convocada a declarar para el 20 de octubre próximo. La decisión tomada por Casanello también responde a que en reiteradas oportunidades la Sala II de la Cámara Federal le encomendó avanzar en la línea de la investigación por el fraude en la obra pública precedente del lavado de dinero. La concentración de todas las denuncias por irregularidades en la concesión de obras públicas a Báez en el juzgado de Ercolini complica la situación de la expresidenta en la que causa que investiga supuesta corrupción en la adjudicación de obra pública al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015. La expresidenta fue convocada a declarar el próximo 20 de octubre a las 10:00, mientras que también fueron citados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido (24 de octubre) y el exsecretario de Obras Públicas José López (27 de octubre), entre un total de 17 exfuncionarios y empresarios. La convocatoria había sido solicitada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques por presunto fraude, en el marco de la causa por asociación ilícita que impulsó la diputada Elisa Carrió luego de recibir los informes de la actual gestión de Vialidad Nacional. Los fiscales habían argumentado que entre 2003 y 2015 «se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional» de obras públicas adjudicadas a favor de Báez por más de 16 mil millones de pesos.