Tras cuatro meses, desalojaron un predio tomado en Merlo

$(document).ready(function(){ Galleria.loadTheme(«/js/galleria/themes/twelve/galleria.twelve.min.js»); Galleria.run(«.galleria»); }) Efectivos de la Policía Bonaerense continúan con el desalojo de las cerca de 2.000 familias que viven en un predio tomado desde el 22 de octubre en la localidad bonaerense de Libertad, partido de Merlo, después de que el procedimiento fuera suspendido temporalmente por la presencia de niños sin adultos a cargo. Los policías presentes en el lugar se aprestaban esta tarde a terminar el procedimiento iniciado a las 4 -y suspendido temporalmente a las 10 por la presencia de niños sin adultos a cargo-, cuando unos 1.200 agentes cercaron el predio ubicado al costado de la ruta 1003 y a las 6, con la salida de la luz del día, comenzaron a ir casilla por casilla para pedirles a los ocupantes que voluntariamente dejen sus precarios hogares. Los vecinos denunciaron que el procedimiento viola una prórroga judicial para llegar a una solución consensuada, además de considerar que son el «chivo expiatorio» de la muerte de un niño ocurrida el fin de semana pasado. Sin embargo, pasado el mediodía era un pequeño grupo de entre ocho y diez personas el que oponía resistencia, mientras que otros ocupantes desmantelaban las viviendas que habían habitado para llevarse sus pertenencias. El predio se llenó de humo por el incendio de las casillas y del procedimiento participaban topadoras del municipio y un helicóptero del Ministerio de Seguridad bonaerense que observa la situación desde el aire. La medida se tomó pese a que el Juzgado de Garantías Nº 4 firmó una resolución en la que exhortaba a las autoridades a suspender cualquier intento de desalojo por el plazo de 180 días y «convocar mesas de gestión» para solucionar el problema, decisión que el propio tribunal luego decidió anular y ordenar el desalojo. De hecho, más temprano un grupo de personas cortó la ruta con carteles con las consignas “respeten a la prórroga de 180 días” y “no desalojen a las familias, desalojen a los narcos”. «Pensábamos que no iba a pasar por la decisión judicial. Estábamos tranquilos pero igual pasamos la noche en vigilia», contó a Télam Estela, una de las ocupantes del predio bautizado como «Barrio Nueva Esperanza». La vecina precisó que hay 2.000 familias viviendo en el lugar, incluyendo muchos chicos «que los mandamos a otro lado porque no queremos violencia ni heridos como pasó con Oscarcito», en referencia al nene de ocho años que falleció el fin de semana pasado a causa de una bala perdida en un enfrentamiento en la toma. «Entendemos que somos el chivo expiatorio de una situación tremenda como fue la muerte de Oscarcito, que es culpa de los narcotraficantes y no de la toma donde hay familias reclamando hace cuatro meses el derecho a la vivienda», completó Anahí Benítez, también vecina del lugar. «No vivía en nuestro barrio pero para nosotros era uno más y su muerte es responsabilidad de la policía y el municipio que dejó operar estas bandas, no de los vecinos», añadió. Otro ocupante, Jorge Villalba, apuntó contra la Justicia por «violar la prórroga de 180 días para quedarnos» y destacó que «este predio estaba abandonado y lo limpiamos, abrimos calles y pusimos electricidad para armar un barrio digno que queremos vivir». «Hay muchas familias que están en situación de calle y este desalojo fue hecho sin un aviso previo. La mayor parte de las familias estamos desesperados porque no tenemos donde ir», exclamó Estela. Por su parte, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, señaló que «hay personal de la municipalidad para garantizar que el desalojo sea pacífico”. «La información que tenemos es que va a ser absolutamente pacífico, hemos hablado con ocupantes y organizaciones y a todos se les explicó que la posición nuestra es no avalar ninguna toma», reafirmó en declaraciones a la señal de noticias TN. “No hubo negociación previa, sino una decisión judicial frente a una presentación de los titulares de la tierra”, dijo el jefe comunal. Aña