Un depósito de Iron Mountain funciona con irregularidades frente a una escuela

En este contexto, la Asesoría Tutelar N°1 ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario intimó a la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad de Buenos Aires a tomar acciones concretas a fin de resguardar la integridad física de los alumnos, y por supuesto también de los adultos, expuestos a diario. «Inquieta ver las indiferencias del gobierno porteño que, habiendo constatado irregularidades en al menos tres oportunidades, no sancionó a la empresa ni clausuró el edificio, con los antecedentes que tiene Iron Mountain y exponiendo a los vecinos y vecinas, pero también a toda la comunidad educativa a un peligro diario», sostuvo en diálogo con Télam el asesor tutelar Gustavo Moreno. En abril de 2015 la Asesoría recibió una carta de parte de los directivos de la Escuela Media 2 y del Jardín Maternal N° 5 (ambas de distrito escolar 20) -que funcionan en el edificio frente al depósito de Iron Mountain, ubicado en Cañada de Gómez 3.825- en la que le manifestaban su preocupación porque habían sido alertados sobre la falta de condiciones de seguridad del lugar. La Asesoría inició entonces una investigación y cursó un oficio a la AGC para pedir información al respecto: la Ciudad respondió remitiendo el acta N° 212.822 con fecha 11 de marzo de 2015, en la que se mencionaban irregularidades como la falta de exhibición de los planos, por lo que no podían evaluar si el depósito estaba preparado contra incendio, y se intimaba a la empresa a solucionar las fallas. «Enviamos un segundo oficio en julio pidiendo que se informe si Iron Mountain había regularizado su situación. Respondieron que se había constatado la solución de algunas de las fallas, que se habían exhibido las carátulas de los expedientes de los proyectos de instalaciones contra incendio y de ventilación mecánica, entre otros, pero no nos enviaron ninguna documentación», detalló Moreno. La Asesoría pidió entonces a la AGC que adjuntara la documentación respaldatoria y el Gobierno de la Ciudad le devolvió dos documentos: el acta 191.912 del 27 de julio de 2015, en la que un inspector intimó a la empresa a terminar los trámites de habilitación, y el acta 221.719 del 15 de octubre de 2015, con otra intimación a la empresa para exhibir los planos. «Le preguntamos entonces si consideraban que ante estas falencias el depósito podía seguir funcionando y todavía no nos han respondido», informó Moreno. Y añadió: «por otro lado se le solicitó a la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina que realizara una inspección y recibimos dos informes, uno de la División Siniestros y otra de la División Inspecciones, con serias irregularidades». Entre éstas, la Superintendencia mencionó que los revestimientos de los contenedores metálicos para que sean resistentes al fuego estaban rotos, desprendidos o no había; que las características del portón de acceso lo vuelven riesgoso por posibilidad de aplastamiento por vuelco; que el muro de mampostería requiere un reaseguramiento que no tiene, entre muchas otras faltas. «Además, la Superintendencia informó que el certificado de Inspección Final otorgado por la Superintendencia Federal de Bomberos, de fecha 15 de enero de 2001, quedó sin efecto, en virtud de que los responsables del edificio no concurrieron a esa. Dependencia a los efectos de solicitar un proyecto de ampliación del servicio de condiciones contra incendio», explicó Moreno. Y concluyó: «Hay un poder de policía que la Ciudad debe ejercer, por eso es que enviamos un nuevo oficio con fecha de febrero intimando a la Ciudad a realizar acciones concretas a fin de garantizar las condiciones de seguridad en ese depósito que aún no han respondido; evaluaremos cómo seguir si en breve no responde». El 5 de febrero de 2014 un depósito de la empresa Iron Mountain, ubicado en el barrio porteño de Barracas, se prendió fuego y provocó la muerte de siete bomberos y dos rescatistas, tras desmoronarse una pared. A dos años del siniestro, la Just