Valija de Antonini Wilson: Corte revoca prescripción de caso

La Corte Suprema de Justicia ordenó hoy reabrir la causa en la que se investiga el intento de ingreso supuestamente ilegal de unos 800 mil dólares por parte del empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson, en agosto de 2007, presuntamente destinados a la campaña política del kirchnerismo. El máximo tribunal hizo lugar a un recurso de queja presentado por la fiscal ante la Cámara Federal de Casación Gabriela Baigún y sostenido por el Procurador General Adjunto Eduardo Casal, y revocó la prescripción de la causa que tiene entre sus imputados a ex funcionarios del anterior gobierno. La Corte resolvió así los expedientes caratulados «Uzcátegui Matheus, Diego Bautista s/contrabando», «Uzcátegui Specht, Daniel David s/contrabando» y «Uberti, Claudio s/contrabando». Uberti fue titular del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) -dependiente del ministerio de Planificación que conducía Julio De Vido durante la presidencia de Néstor Kirchner- en tanto que los Uzcátegui -padre e hijo- eran funcionarios de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Los tres viajaron junto con Antonini Wilson en un vuelo privado fletado por la empresa estatal argentina Enarsa el 4 de agosto de 2007, cuando fue detectado el maletín del empresario venezolano con más de 790 mil dólares no declarados. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda dejaron sin efecto la sentencia que había sobreseído a los imputados por presunto «contrabando» al declarar extinguida por prescripción a la acción penal. La fiscalía apeló la medida tras considerar que la causa había sufrido una serie de dilaciones que habían postergado el verdadero objeto de la investigación: «Si el hecho de ingresar al país con cerca de 800.000 dólares sin declarar, constituye el delito de contrabando agravado». La causa volverá ahora al fuero en lo Penal Económico para continuar su tramitación en relación con el delito de «contrabando agravado», que contempla una pena máxima de 12 años de cárcel.