Argentina postula que se regule a nivel internacional la reestructuración voluntaria de deuda

El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que existe a nivel internacional un “vacío jurídico y legal” que regule debidamente la reestructuración de deuda voluntaria de los países soberanos. “El sistema financiero, económico internacional está reclamando la cobertura de ese vacío jurídico y legal”, dijo hoy en la conferencia de prensa matutina, en la Casa de Gobierno, al aludir a la controversia con los fondos buitre. Recordó que la ley de quiebras, entre privados, establece que la aceptación de la mayoría la hace de cumplimiento obligatorio para la minoría que no acordó. Esto no existe a nivel internacional y por ello la Argentina, en un proceso de reestructuración, con el canje de bonos en 2005 y la reapertura en 2010 generó las condiciones para la aceptación del 92,4% de los bonistas y los fondos buitre toman deuda en 2008 y logran ahora el 1608% de rentabilidad en dólares, “un nivel de usura convalidado judicialmente que es inaceptable para las buenas prácticas, inclusive del sistema capitalista”, dijo Capitanich. Expresó que frente a ese vacío “es imprescindible que intervengan otros resortes de la comunidad internacional” a fin de generar “una regla” y además “los incentivos para los acreedores y los desincentivos para el accionar de los fondos buitre” que, dijo, aprovechan el “sistema judicial perverso que en su cadena más profunda está corrompido por la incidencia de este tipo de intereses”. “El mundo –dijo Capitanich- no puede estar a merced de un anarcocapitalismo”, ante “un sistema financiero voraz que tiende a la concentración ilimitada de riqueza; no puede estar con la espada de Damocles de grupos minúsculos, oligárquicos, que pueden generar este tipo de acciones que conspira contra el sistema económico internacional”. Reafirmó que “no hay grupo minúsculo, amparado por ningún juez, que pueda vulnerar las condiciones de un país soberano”. Entre otras instancias dijo que debe ser tema de debate en el seno de las Naciones Unidas, a fin de que especialistas de todo el mundo puedan participar de la elaboración de un convenio de marco regulatorio para los procesos de reestructuración voluntaria de deuda. Consultado sobre los que señalan que el gobierno debería haber negociado antes con los holdouts, Capitanich expresó que esa afirmación es contradictoria pues existe una prohibición expresa de cualquier negociación, que puede ser violatoria de la cláusula RUFO, por un plazo que rige hasta el 31 de diciembre de 2014. Reiteró el mediador Daniel Pollack “no ha sido imparcial; muy por el contrario ha sido manifiestamente parcial, vocero permanente de los fondos buitre en el proceso de diálogo, iniciado por el gobierno argentino”. Reiteró que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “ha ratificado la voluntad de la Argentina de propiciar el diálogo, para lograr las condiciones de negociación, que sean justas, legales, sustentables y equitativas en el marco de la reestructuración del ciento por ciento de los bonistas”. Sostuvo que “esta decisión del juez Thomas Griesa de ratificar a Pollack es, en definitiva, ratificar la misma posición por parte de un juez que no entiende adecuadamente las dificultades de este proceso”. A su vez, agregó, el mediador no propició las condiciones de la negociación, lo cual implicaba “convencer al juez para el otorgamiento del stay, la medida cautelar que permita el plazo determinado para fijar condiciones de negociación; es tan simple de entender esta cuestión, que llama la atención de porque no se instrumenta”.