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La mitad del gabinete no declaró sus bienes y hay crecimientos patrimoniales insolitos

Por Mariano Confalonieri http://www.perfil.com

La ley obliga a los miembros del Gobierno a declarar su patrimonio. Los especialistas analizan los mecanimos para no declarar su verdadera fortuna y evitar los controles.

La obstrucción al acceso a la información, la falta de control por parte del Estado y una debilidad en la legislación permiten que los funcionarios (no todos, claro) alteren sus patrimonios. De este modo, violan la esencia de una declaración jurada: detectar si con dinero público, secretarios o ministros se enriquecen ilícitamente o incurren en conductas incompatibles con su función.

De las declaraciones juradas del gabinete K surgen irregularidades groseras. Funcionarios con ingresos de 40 mil pesos mensuales que declaran no tener ni siquiera una caja de ahorros, otros que compran viviendas a un precio muy bajo en Puerto Madero, y otros que juegan con los bonos teniendo información privilegiada acerca de cómo va a evolucionar la economía.

“Una de las formas más comunes y más sencillas de esconder patrimonio es incluir bienes en sociedades comerciales”, explica a PERFIL Ezequiel Nino, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Es que en las declaraciones juradas no están obligados a poner los bienes que tienen las sociedades de las que forman parte. “Para poder obtener esa información hay que ir a la Inspección General de Justicia (IGJ), con un abogado, y hacer un trámite por el cual hay que pagar. Una de las formas de modificar esto es que el acceso a esa información sea gratuito”, precisó. Otra es cambiar la Ley de Etica Pública para obligar a los funcionarios a incluir esos detalles en la declaración jurada.

Porque se han detectado casos de pedidos ante la IGJ que no fueron respondidos con el argumento de que esa información era reservada, cuando no es así. Entonces, un ministro, por ejemplo, puede tener tres casas a nombre de una sociedad comercial y no está obligado a declararlas.

Otro de los artilugios comunes es colocar el valor fiscal de un bien inmueble, que suele ser sensiblemente inferior al valor de mercado. “La ley es clara, pero entre lo que dice la ley y lo que ocurre hay una distancia grande”, añadió Nino.

Otro problema es la falta de castigo por parte de los organismos de control y la inacción judicial. Nino apuntó al caso de Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior. “Su crecimiento patrimonial estuvo vinculado, entre otras cosas, a los bonos, cuya rentabilidad depende del crecimiento de la economía. Y él, claramente, tiene información privilegiada de la economía del país”, detalló.

Laura Alonso, ex miembro de Poder Ciudadano y actual diputada nacional del PRO, opinó que “los formularios (de las declaraciones juradas) son ambiguos y antiguos. Fueron diseñados hace más de diez años y habría que actualizarlos”. Para Alonso, las declaraciones juradas son necesarias pero insuficientes para detectar enriquecimiento ilícito. “El funcionario declara sus bienes y el de su conviviente e hijos. Pero qué pasa por ejemplo con el cuñado de Diego Bossio o los padres de (Amado) Boudou, o los amigos de Boudou”, se preguntó.

“Ahí es donde la AFIP debiera empezar a cruzar ingresos declarados con registros de propiedades muebles e inmuebles, movimientos financieros y otros. Es mucho más fácil que salten testaferros o padres jubilados millonarios con propiedades imposibles si la AFIP hace un trabajo serio”, detalló.

La inacción del Estado también posibilita que estas irregularidades pasen inadvertidas. “La Oficina Anticorrupción denuncia cada vez menos y tiene menos compromiso. Antes hacía denuncias por omisiones. Tiene la obligación de hacerlo. Y los jueces no actúan de oficio”, indicó Nino.

Una ex funcionaria con experiencia en la materia añadió que muchas veces los funcionarios no declaran los bienes de sus convivientes o cónyuges, cuando deberían hacerlo. “Es el caso del vicepresidente Amado Boudou”, añadió.

Alfredo Popritkin, ex perito de la Corte Suprema y miembro de Contadores Forenses, agregó que cuando los funcionarios declaran ingresos groseros hay que mirar si además de enriquecimiento ilícito “no hay lavado de dinero”. Y explicó que debe controlarse que los activos declarados estén respaldados por documentación legítima. “Una buena medida sería cruzar esos datos con los presentados ante la AFIP”, indicó.
El problema que hay en la Argentina es que es cada vez más restrictivo el acceso a la información y muy débil el control sobre el patrimonio de los funcionarios.

Boudou, De Vido y Abal Medina, en deuda

Más de la mitad del gabinete no presentó aún su declaración jurada. Se trata del vicepresidente, Amado Boudou; el ministro de Economía, Hernán Lorenzino; el de Educación, Alfredo Sileoni; el de Ciencia, Lino Barañao; el de Justicia, Julio Alak; la de Industria, Débora Giorgi; el de Planificación, Julio de Vido; y el de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Tienen tiempo para hacerlo hasta el viernes que viene.

El año pasado, la presidenta Cristina Fernández obtuvo una prórroga para presentar su declaración, lo que fue interpretado como una señal para ganar tiempo, porque había elecciones. Este año no se sabe si habrá prórroga, porque no es electoral. Lo más probable es que no haya. El resto de los ministros ya lo hicieron.

El ministro de Salud, Juan Manzur, y el de Defensa, Arturo Puricelli, son los funcionarios que más se enriquecieron. El patrimonio de Manzur aumentó un 51 por ciento –más de tres millones de pesos– solamente en el último período.

Su colega de Defensa, registró un crecimiento del 130 por ciento en esos mismos doce meses y llevó su patrimonio total a casi cuatro millones. Habrá que ver si en las declaraciones juradas que faltan aparecen funcionarios con un patrimonio y un enriquecimiento mayor

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