El FMI recomienda medidas contra los fondos buitre

El Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que preside Christine Lagarde, emitió ayer un documento crítico hacia los efectos nocivos que las decisiones del juez Thomas Griesa pueden tener en los procesos de deuda. «Hay que limitar la incertidumbre» derivada de litigios de esa naturaleza, advierte. Por eso, el texto recomienda medidas para limitar el poder que hoy tienen los llamados fondos buitre, de modo que la fórmula que el juez aplicó contra la Argentina «no se repita» con otros países en el futuro. Se trata de sugerencias para incorporar en los nuevos contratos de deuda, que chocan con las interpretaciones que hizo Griesa y que, en cierto modo, toman distancia también del camino elegido por el gobierno de Cristina Kirchner al apelar a las Naciones Unidas (ONU). Los fallos como el de Nueva York pueden «exacerbar» los problemas de renegociación de deuda soberana, diagnostica el Fondo. Propone para eso modificaciones de contrato que permitan corregir «las carencias que hoy tiene el sistema» y que fueron evidentes en el caso argentino, por el que se muestra «muy preocupado». El documento reseña que «acontecimientos recientes, incluyendo el litigio argentino, han puesto de manifiesto las vulnerabilidades del marco jurídico actual», que «no es lo suficientemente robusto» como para resistir el embate de fondos como el de Paul Singer, capaces de poner en riesgo todo un proceso de renegociación de deuda. El texto apunta directamente a los efectos del fallo del juez Thomas Griesa. Su resolución «puede exacerbar los problemas de acción colectiva», advierte, en una explícita referencia a las demandas judiciales que abren los llamados fondos buitre. Esa caracterización de los demandantes como aves de rapiña, sin embargo, no aparece ni una sola vez en el documento de 48 páginas. Titulado «Fortalecimiento del marco contractual para abordar los problemas de acción colectiva en la reestructuración de la deuda soberana», el trabajo toma los efectos del caso argentino como una advertencia para el futuro. «Estamos muy preocupados por el caso argentino» y lo seguimos de cerca, dijo Sean Hagan, director legal y consejero del organismo, al ser consultado por LA NACION en la rueda de prensa con la que presentó el texto. Sin embargo, el experto no pudo precisar cuál es el impacto real del caso en la actualidad. «Sabemos que tenemos que preocuparnos. Lo que no sabemos aún es qué tipo de preocupación será», dijo, al reconocer que aún no se ha visto un efecto de repetición. El enfoque que hace el FMI del problema dista, sin embargo, del que promovió el gobierno de Cristina Kirchner con su apelación a las Naciones Unidas (ONU) para procurar allí la redacción de un nuevo marco legal para la renegociación de deuda soberana. «Es un paso histórico», dijo el canciller Héctor Timerman, el pasado 9 de septiembre, cuando se aprobó la idea. Hagel, sin embargo, reconoció que no miraron allí para su propuesta correctora. «Nos hemos guiado más pensando en algo que puede ser valorado y aceptado por el mercado. Y el mercado no piensa tanto en convenciones», explicó el experto. Por eso el documento apuntó su mirada en posibles modificaciones en la redacción de los contratos de deuda. «Es una idea que ya se está aceptando», comentó, en referencia a que algunos gobiernos asiáticos ya incorporaron esos conceptos en la redacción de bonos soberanos. Yendo al detalle, las reformas que propone se basan en dos cláusulas fundamentales en esos procesos. La de acción colectiva y la de pari passu (tratamiento igualitario), que -con su particular interpretación de sentido- fue la que utilizó Griesa para condenar a la Argentina a favor de los fondos buitre. En ese punto, el Fondo sale al choque de la interpretación que hizo el magistrado neoyorquino. La reforma que propone el organismo de Christine Lagarde afirma que, a diferencia de lo que entiende Griesa, la cláusula de pari passu no significa la obligación de hacer pagos prorrateados a todos los acreedores.