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No estamos condenados a tener corrupción para siempre

Los casos de corrupción, narcotráfico o de lavado de dinero que ocuparon en los últimos días la mayor parte del espacio en los medios muestran un nivel inédito de preocupación de la sociedad por el futuro de nuestro país. Cada día veo y escucho los reclamos que nos hacen llegar los argentinos por la prensa y las redes sociales. Todos piden lo mismo: que nos esforcemos en combatir la impunidad. Los resonantes casos de corrupción han dejado claro que necesitamos una normalización institucional para poder avanzar en la edificación de una sociedad más justa. Los argentinos somos capaces de trabajar duro, y generar instituciones eficientes y confiables que nos ayuden a incorporar una nueva cultura cívica de participación, diálogo y cooperación. Hoy el Gobierno ha generado las condiciones para que la Justicia avance. Los jueces cuentan con varias herramientas procesales para reunir pruebas, investigar y lograr juicios rápidos en los casos de corrupción. Pero esto no alcanza, porque la justicia se enfrenta a serios problemas estructurales. Hoy los juzgados están sobrecargados de expedientes, y no tienen la posibilidad de cumplir con los plazos que la sociedad reclama. También los casos de corrupción y lavado de activos suelen consistir en redes complejas con un gran número de conexiones y pruebas que son difíciles de identificar y requieren de tiempos de investigación largos. Con la aprobación de los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la semana pasada, el Senado mostró la voluntad de escuchar a la sociedad, dejar atrás el enfrentamiento y construir un sistema de justicia más eficiente y confiable. Con este acuerdo, la Corte volverá a funcionar con normalidad después de haber estado integrada por tres miembros durante varios meses. Con su ejemplo, el Senado nos mostró que podemos trabajar todos juntos, entre las distintas fuerzas políticas, para construir una justicia más transparente. Que debemos tener instituciones que nos protejan de los excesos del poder. Queremos que la justicia esté pensada para responder a la gente, y que esté cerca de sus necesidades. Queremos que se agilice para poder solucionar los reclamos de una sociedad moderna como la nuestra, y que se base en el principio de la máxima independencia y transparencia para asegurarles a los argentinos que realmente estamos frente a un cambio cultural. La justicia necesita de todos para la reforma que debemos encarar, la más necesaria y exigente de nuestra historia como país. Queremos incorporar más diálogo y participación cívica también en el diseño de un mejor sistema de justicia. Por esto lanzamos Justicia 2020, un espacio para colaborar con actores del sistema de justicia, ONG y profesionales del derecho, a fin de generar una reforma integral. Entre las 103 iniciativas enmarcadas en el Programa, se encuentran la ley del arrepentido para los casos de corrupción, la creación de nuevos juzgados federales, la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que están todos orientados a generar procesos de investigación más ágiles y confiables. No estamos condenados a tener corrupción para siempre. Pero la única barrera de protección contra cualquier posibilidad de arbitrariedad del poder, ahora y en el futuro, son las instituciones. La justicia debe ser el contrapeso de la política y el garante de la legalidad de los procesos en toda la administración pública. La sociedad, junto a muchos políticos y periodistas, reclama un cambio. Y nosotros estamos comprometidos con generar el marco institucional que no permita que los excesos se cometan de nuevo. (*) Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

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